En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la «playa del puerto» –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la «descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción», según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido.
«Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua», remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que «se ha verificado un innegable hecho contaminante», que «demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto».
«Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata», advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como «pertinaz y rebelde frente a la ley».
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. «Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio», explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados «decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales», lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. «Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto», comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. «Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras», comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: «Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero».
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación «con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada».
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: «No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos».
«Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente», comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: «Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas».
