La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, solicitó este viernes formalmente al juez federal Julián Ercolini que se cierre la etapa de instrucción y sean elevadas a juicio oral y público las actuaciones que investigan el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo.
En el expediente están imputados y procesados Cristina Elisabet Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periottti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilverto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Fatala.
Si bien la presentación era esperada porque la semana que viene vencía el plazo para hacerla, la novedad es la acusación: a la ex Presidente se le imputan 51 defraudaciones en un único delito. Si el pedido prospera, la ex jefa de Estado podría recibir una condena mucho más abultada en la etapa oral.
Según precisó la funcionaria en el escrito al que accedió Infobae, a los sospechosos se les imputa haber perjudicado los intereses del Estado al violar sus deberes de «administrar y cuidar fielmente los bienes» del erario público. Alonso les imputa distintos grados de participación para direccionar la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz a Austral Construcciones -empresa de Lázaro Báez- por $46 mil millones.
«Con el afán de beneficiar a las empresas de Lázaro Antonio Báez, quien era amigo y socio de Néstor Carlos Kirchner, los procesos licitatorios estuvieron signados de múltiples irregularidades», precisó.
Según la OA, la maniobra se inició el 8 de mayo de 2003, pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando Báez constituyó su constructora y abandonó el puesto que tenía en el Banco Santa Cruz como monotributista. En el segundo paso para efectivizar el ardid, Kirchner «montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza», entre quienes se encontraban De Vido (Planificación), López (Obras Públicas) y su primo, Carlos Santiago Kirchner (subsecretaría de coordinación de Obra Pública Federal).
«Como tercer paso para consumar la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delegaron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administración General de Vialidad Provincial», precisó.
Durante la causa judicial se constató que de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2003-2015, 51 fueron adjudicadas a Lázaro Báez. Dichos procesos licitatorios se caracterizaron por múltiples irregularidades que -para Alonso- «no hacen más que demostrar que el propósito final de todo era favorecer» a Austral.
Durante los doce años de «la década ganada», Santa Cruz se convirtió en la segunda provincia beneficiaria de obra pública pese a su baja densidad demográfica, dato que alimenta las sospechas sobre los últimos dos ex presidentes.
El año que viene Cristina Kirchner enfrentará su primer proceso oral y público en otra causa que la tiene entre los acusados: Dólar Futuro. En ese expediente, el juez federal Claudio Bonadio puso la lupa sobre los contratos a futuro que se firmaron antes del recambio de autoridades del 2015 con una cotización que no se condecía con las estimaciones del mercado financiero.
Infobae
