La Justicia Federal de Santiago del Estero se convertiría en el primer distrito del país en lograr el remate o subasta pública de un prostíbulo para resarcir económicamente a una víctima de trata, una mujer que fue explotada sexualmente en el “Negro el 20”.
La resolución está en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) sostiene la Fiscalía Federal General, a cargo de Indiana Garzón, quien emitió varios dictámenes para que se proceda a la subasta. En tal sentido, solicita que se cumpla con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal que en su resolución de fecha 4 de noviembre de 2015, pidió que se decomise y a través de “un procedimiento transparente” de liquidación, se asigne los fondos de la venta el destino específico que prevé la ley de trata, en este caso, a la mujer esclavizada.
Con ello buscan dar una “reparación integral” a una madre con seis hijos, que a raíz de este caso, se tuvo que mudar de su provincia y pedir protección. El fin último, es evitar que su situación de vulnerabilidad provoque que sea nuevamente víctima de las redes de trata.
Por eso el Ministerio Público Fiscal (MPF) insistirá ante el TOF para que se produzca la subasta pública.
El caso
Gendarmería y la Policía Federal allanaron el prostíbulo y rescataron a varias mujeres en el año 2012 a partir de la denuncia de una de las víctimas oriunda de Misiones, que dijo que fue engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La Banda, donde fue obligada a prostituirse en el mencionado local nocturno. Relató que una vez que llegó a la whiskería, donde fue golpeada, “no la dejaban ver ni el sol” y la controlaban todo el tiempo.
También relató que fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar que le decían que era “para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer”.
El caso fue llevado a juicio tras el trabajo en instrucción por parte del fiscal federal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari.
Fue así como el 20 de agosto de 2014, el TOF conformado por Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla (todos de Tucumán), dictó una condena a José Luis Luna, Carlos Horacio Cancino Franco y Samuel Emiliano Calderón por el delito de trata de personas en perjuicio de esta mujer.
Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal las penas fueron exiguas; además, reclamó que el tribunal no hiciera lugar al pedido de decomiso del inmueble donde funcionó el prostíbulo. Por ello, interpuso un recurso de casación. En noviembre de 2015, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal dio lugar al decomiso y a la ampliación de las condenas de los miembros de la red de trata.
En octubre del año pasado, a través de un juicio de reenvío, con un nuevo tribunal integrado por Juan Carlos Reynaga y Adolfo Raúl Guzmán (ambos de Catamarca), y Marina Cossio de Mercau (Tucumán) que siguió los lineamientos del pronunciamiento de Casación penal, se ampliaron las condenas a los acusados.
Por este motivo, uno de los juzgados fue detenido nuevamente y llevado a la cárcel federal de Colonia Pinto, ya que se encontraba en libertad. Pero además, en este nuevo fallo se concretó el decomiso del inmueble ubicado a la vera de la ruta provincial 51 en La Banda.
Paso final
Sin embargo, la Fiscalía Federal General señala que faltó que el TOF se pronunciara sobre la subasta pública del lugar y con los fondos obtenidos, resarcir económicamente a la víctima de la explotación sexual.
Desde la Fiscalía señalaron que la Ley de trata 26.364 modifica el articulado del decomiso del Código Penal, para que los decomisos vayan a un fondo de reserva y que esos fondos tienen que ser siempre destinados a las víctimas del caso. “Como no está reglamentado, porque es todo nuevo, sería el primer caso que logre en el país algo así”, pusieron de relieve.
La propuesta del MPF es que se venda el “Negro el 20” a través de una subasta pública, y que ese dinero se destine a la víctima, pero hasta ahora no logró que el TOF se pronuncie para que el destino sea la víctima. Presentó varios escritos, y se prepara un nuevo dictamen y no se descarta que sea un pronto despacho.
Como la nueva sentencia habría quedado firme como señalan en el MPF porque los acusados no recurrieron ante Casación, es el tribunal o bien el juez de ejecución de la pena para los imputados (en este caso uno de los miembros del TOF), el que debe pronunciarse sobre la subasta.
En el último dictamen que presentó Garzón, con la colaboración de la Protex y la Dirección General de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, tiene una extensa argumentación con reseñas jurídicas e históricas de por qué corresponde la subasta y cuál debe ser el destino de esa venta. Incluso, se presenta una suerte de “instructivo” de cómo hacer la subasta, “porque es todo un hecho novedoso”, rescataron las fuentes judiciales.
EL LIBERAL
