Delgado tomó intervención en el expediente a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción, que acusó a varios funcionarios por el manejo irregular de Fondos Rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación. El informe que presentó detalló «gastos injustificados, desdoblamientos de compras, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predestinados».
En el dictamen al que tuvo acceso Infobae, Delgado pidió la indagatoria del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y el ex director general de Administración, Luis Vitullo, entre otros, funcionarios involucrados, así como también de los representantes de las empresas «Baires Fly SA», «Pepsa SA», «Mailcar SRL», «Albens SA» y «La Página», entre otras, «porque la corrupción requiere siempre dos actores», según el escrito. El que deberá decidir ahora es el juez federal Sebastián Casanello, que tiene a su cargo el expediente.
La denuncia de la OA señala que Baratta y Vitullo habrían intervenido en un circuito de expedientes armados para llevar a cabo este tipo de prácticas y advierte que ambos ex funcionarios «por sus posiciones funcionales, eran quienes tenían responsabilidad en la forma en que se generaba el gasto».
La OA advirtió a través de un comunicado que «se detectaron que en los gastos que aparecen como más triviales, como ser la compra de café, o aquellos más sofisticados en los que alquilaban aviones para viajes del entonces Ministro, en donde se comprometían varios miles de pesos, fueron objeto de maniobras ilícitas».
También afirmó que «se pudo determinar la existencia de algunos sobreprecios que establecen un perjuicio concreto», que «en la mayoría de los casos no se presentó la rendición de viáticos» y observó que hubo casos de presupuestos y facturas con la misma fecha.
A la vez, denunció una operatoria común para favorecer proveedores: «La maniobra consistía en incorporar presupuestos falsos para dar una imagen de transparencia y poder dirigirla al contratista que ya estaba predestinado».
El organismo que conduce la ex diputada Laura Alonso señaló que «están dadas las condiciones para proceder a la denuncia» y resaltó que «los hechos podrían encontrar encuadre en la descripción típica del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal, ‘negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas'».
