La implementación de una tarjeta para que las personas más vulnerables y en situación de indigencia que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica puedan comprar alimentos será una de las primeras medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández una vez que asuma, el 10 de diciembre. Forma parte del plan integral para erradicar el hambre ya anunciado por el presidente electo semanas atrás y que ayer tuvo su primera reunión del Consejo Federal integrado por referentes de sectores sociales, sindicales, empresarios y de la Iglesia.
El diputado y quien tiene a su cargo el diseño de este plan dentro del Frente de Todos, Daniel Arroyo, aclaró cómo funcionará esta tarjeta y para quiénes estará, en principio, orientada. En diálogo con varios programas radiales, el legislador aseguró que hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distinto tipo, de las cuales el 20% son madres que tienen chicos menores de 6 años. Es en éste grupo en el que pondrá el foco el nuevo gobierno.
Estas 2 millones de madres recibirán una tarjeta que tendrá su nombre y apellido, será de un banco público y sólo servirá para comprar alimentos en cualquier supermercado. Es decir que esos fondos no podrán extraerse en un cajero automático. Tampoco estará habilitada para adquirir bebidas alcohólicas. El monto, aclaró Arroyo, estará definido en diciembre, pero “estará asociado a qué otros ingresos tiene la familia y cuánto dinero le falta para acceder a la canasta básica”. Según los últimos datos del Indec, que corresponden a septiembre, una persona debe tener ingresos por $ 4.502 para no caer en la indigencia, es decir, para poder cubrir las necesidades básicas alimenticias.
Además de implementar esta tarjeta, la nueva administración hará foco en lograr que el costo de la canasta básica baje; y lo hará negociando con las empresas proveedoras de alimentos y con los supermercados de qué manera se puede ofrecer estos productos a un precio más accesible. Algo similar a lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con los 64 productos esenciales, que mantuvieron fijo su precio entre abril y noviembre de este año. “Le vamos a pedir a los comercios y a los supermercados para que nos ayuden con los 13 productos que constituyen la canasta básica”, dijo el diputado.
Con respecto a la quita del IVA, que este gobierno aplicó luego de las PASO para atenuar el impacto de la devaluación en el bolsillo de los consumidores, Arroyo remarcó que se volverá con el sistema de devolución del impuesto, como se realizó durante varios años con el kirchnerismo. “Este gobierno aplicó una devolución universal del IVA alocada en el medio de una devaluación del 30%. Nosotros hablamos de la población más crítica con un problema de hambre y ahí tiene que tener el Estado una contribución fuerte”, afirmó el probable nuevo ministro de Desarrollo Social, y agregó: “Es medio absurdo lo que ha hecho el gobierno de globalizar el IVA, nosotros queremos establecer un criterio para los que de verdad lo necesitan”.
El nuevo gobierno no sólo trabajará en el acceso a los alimentos básicos para los sectores que padecen hambre, sino también en la calidad de lo que se consume. Por eso, en la mesa de ayer estuvo Narda Lepes, quien se refirió a la política nutricional con el objetivo de mejorar la calidad de los platos que comen los argentinos. “Es algo integral que cruza salud y educación. Es un plan que cruza controles de peso, talla y salud, por eso también estuvieron los docentes, que propusieron que las escuelas estén abiertas los fines de semana y durante el verano”, precisó Arroyo, al tiempo que agregó: “Hay malnutrición y problemas severos de alimentos. Los chicos se saltean comidas; se van a dormir con la panza vacía y eso hace que se le complique su día”.
En este sentido, el diputado remarcó que la tarjeta de alimentos será monitoreada para tener registro de los alimentos que consume la población y así mejorar la calidad de lo que consumen los chicos.
