El juez federal Claudio Bonadio, procesó al exministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la causa por irregularidades en la licitación del llamado «plan Qunita», el programa asistencial maternal que había implementado el kirchnerismo y por el que se denunciaron sobreprecios.
«Vamos a volver a apelar. Fui sobreseído en dos oportunidades. Creo en la Justicia y creo que se va resolver positivamente», expresó a la prensa Manzur tras la inauguración de la zafra azucarera en el ingenio La Florida.
De todos modos, el mandatario se mostró cauteloso respecto del fallo y remarcó: «No quiero hacer especulaciones. Soy respetuoso de otro poder del Estado como es la Justicia. Vamos a volver a seguir los caminos legales que correspondan».
Foto gentileza El Diario 24.
Al final, el gobernador explicó el rol que cumplió en el programa maternal: «Ya lo dije varias veces, yo no estuve, ya me había ido, pero bueno… Hay que dejar que la Justicia resuelva», reiteró y negó que la posibilidad de participar en el juicio oral interrumpa sus funciones en la provincia.
La causa
En octubre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal había revocado el sobreseimiento de Manzur en esta causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios en la compra de kits para recién nacidos del denominado «Plan Qunita» en 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo había resuelto la Sala III, que consideró «arbitraria y prematura» la decisión del juez Bonadio de apartar al exministro de Salud del caso, decisión luego ratificada por la Cámara Federal y apelada por el titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
De esta forma, Manzur fue nuevamente investigado, en tanto que en otro tramo de la causa ya están en juicio oral y público varios exfuncionarios del gobierno kirchnerista, entre ellos el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el exministro de Salud, Daniel Gollán.
Los kits consistían en una cuna y elementos para bebé recién nacido y la mamá (bolso cambiador con artículos de higiene, termómetro digital, un porta bebé y otros elementos de uso cotidiano como chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes para los primeros meses), que se entregaban de manera gratuita a familias de bajos recursos.
En esta causa ya se encuentran procesados diversos funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación, por haberse verificado irregularidades originadas en el propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras de 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de 3.000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, al menos, 450 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación, la licitación se habría direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.
EL Tribuno
