En Salta hay solo 19 médicos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia, tras la entrada en vigor de la ley N° 27.610 que permite el aborto hasta la semana 14 y por causales.
Estos son los únicos especialistas tocoginecólogos y de familia no objetores del subsistema público de salud, de acuerdo con un informe presentado el 20 de enero último por la directora de Salud Materno Infantil, Susana Velazco, y la supervisora de Salud Sexual y Procreación Responsable, Mariángeles Gorini.
Desde fines de mayo de 2018 y hasta hace cuatro días la Provincia trabajaba según el decreto N§ 584/18, por el cual adhirió al anteúltimo protocolo nacional de aborto no punible.
Sin embargo, son pocas las localidades donde hay profesionales que realizan la práctica. En la mayoría de los lugares solo hay médicos en Atención Primaria de la Salud (APS) que pueden atender abortos hasta el primer trimestre, pero que no requieren internación.
En la zona norte hay médicos que realizan la práctica en Tartagal (2), Orán (3) e Yrigoyen (1), aunque en este último lugar el profesional solo atiende en APS. En Embarcación no hay médicos que garanticen la IVE.
En la zona sur la única localidad que tiene un médico que hace IVE es Las Lajitas, aunque solo trabaja en APS. En Gemes, Metán, Rosario de la Frontera y Joaquín V. González no hay profesionales que realicen la práctica.
En la zona oeste todos los médicos son objetores: en Cafayate, El Carril, Coronel Moldes, Rosario de Lerma y Campo Quijano. En Cachi, San Carlos, Cerrillos y Chicoana hay profesionales que realizan IVE durante el primer trimestre.
En Capital hay solo dos médicas que realizan la IVE en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI). Como una está de licencia y la otra, de vacaciones, desde el centro sanitario convocarán a la profesional que atiende en Chicoana para que colabore en el centro de referencia provincial con respecto a la salud de la mujer.
En el área operativa norte de la ciudad de Salta se realiza la IVE de manera medicamentosa en los centros de salud N§ 65, de barrio 17 de Mayo; N§ 55, de barrio 17 de Octubre y N§ 23, de barrio San Rafael.
En el hospital Papa Francisco no hay médicos que realicen IVE, aunque se hace hasta el primer trimestre en los centros de salud N§ 7, de Villa 20 de Junio; N§ 21, de Villa Palacios; N§ 25, de San Luis; N§ 29, de Finca Independencia; N§ 45, de Provipo y N§ 61, de Solidaridad.
En el hospital Señor del Milagro realizan la práctica durante el primer trimestre en el marco de la residencia de medicina familiar.
Como la mayoría de las instituciones de salud de la provincia cuentan con profesionales objetores, desde el Ministerio de Salud enviaron notas a los gerentes de los hospitales de todas las áreas operativas para que organicen los servicios de tocoginecología para dar cumplimiento a la norma.
«El profesional puede ser objetor, pero la institución no puede negarse a garantizarle el derecho a la mujer y tiene un lapso de 10 días para hacerlo», explicó el secretario de Servicios de Salud de Salta, Martín Flores Perazzone, al referirse a lo que estipula la ley N§ 27.610.
El funcionario reconoció que la gran mayoría de los servicios de tocoginecología «ponen algún tipo de traba para la implementación de la ley» y señaló que en los hospitales donde solo hay médicos objetores, los gerentes deberán buscar quién haga la práctica y contratarlo por aparte.
Como el procedimiento se realiza de manera legal en Salta desde 2018 si el embarazo era producto de una violación o ponía en riesgo la vida de la madre, Flores Perazzone consideró que «no sería nada más complejo implementar la IVE» y evaluó que «los servicios en los grandes hospitales no tendrían que tener problema».
Como el subsistema privado o de la seguridad social también debe cumplir esta ley, el secretario evaluó que algunas instituciones podrían trabajar en forma conjunta con los hospitales: «Vamos a encontrar profesionales no objetores en la parte privada. Cada gerente general deberá articular su servicio y gestionar para que se dé la respuesta que corresponde».
Flores Perazzone reconoció además que en el ejercicio de la medicina hay muchos aspectos asociados con lo económico: “Un médico no objetor puede cobrar 30 mil pesos por el procedimiento, mientras el médico que está en la parte pública no cobra eso y corre el mismo riesgo. Este es el gran desequilibrio que se produce entre la parte pública y la parte privada”.
Objetores, en todos lados
El secretario de Servicios de Salud aclaró que los médicos si son objetores en la parte pública, lo son también en la parte privada o de la seguridad social, por lo que no pueden hacer la IVE en ningún ámbito, aunque tienen la obligación de “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, según dice la ley.
De acuerdo con el artículo 10º de la norma, el personal de salud no puede negarse a realizar la IVE “en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable” ni alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto.
Este punto prevé que el incumplimiento de estos requisitos “dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”.
Flores Perazzone evaluó que es probable que algunos médicos que trabajan en la parte pública y son objetores cambien de opinión “con el correr del tiempo y una vez que pase la efervescencia de la implementación de la ley”.
Bernardita Ponce Mora/ El Tribuno
