La actualización del Código Procesal Civil de Santiago del Estero fue la convocatoria propuesta por autoridades del Poder Judicial para que representantes de distintos Poderes del Estado y de instituciones intermedias conformen una comisión, cuya finalidad será elaborar un anteproyecto de ley para presentar y poner a consideración de la Cámara de Diputados provincial.
El acto protocolar se desarrolló en la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales y fue encabezado por los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sebastián Argibay; Gustavo Herrera; Federico López Alzogaray y Carlos Lugones Aignasse y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives.
Asimismo, participaron los titulares de las instituciones convocadas, del Ministerio Público de la Defensa Dr. Enrique Billaud; los presidentes de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Darío Alarcón y Andrés Barrionuevo, y funcionarios y profesionales designados para integrar la comisión.
Además de las instituciones mencionadas, fueron convocados a sumarse al grupo de trabajo el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
La iniciativa tiene por objetivo dotar al Código de forma los cambios introducidos en el unificado Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde hace dos años, cuando se sancionó y promulgó la ley Nº 26.994.
Como se modificaron y crearon institutos en el Derecho privado y de Familia, por ejemplo, es que cada provincia debe acompañar esa modernización en sus respectivos Códigos de Procedimiento Civil y Comercial.
Importancia jurídica
Sobre la trascendencia que tiene esta propuesta, el presidente del STJ sostuvo que “de un tiempo a esta parte, la comunidad jurídica en general, los operadores judiciales y los abogados, venimos asistiendo a un fenómeno de constitucionalización del Derecho privado, que ha tenido su momento culmine con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que ha introducido la noción de los principios como forma de solucionar los conflictos”.
En este marco, es que la máxima autoridad judicial remarcó que la judicatura afronta grandes desafíos, como hacer operativos principios supranacionales. Sobre el particular, puntualizó: “Entre ellos, se encuentra el acceso a la Justicia, no sólo considerado como el mero acceso fácil del ciudadano al sistema judicial, sino también asegurando su tránsito en todo el proceso, con todas las garantías constitucionales que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, facilitando el derecho a obtener una solución en tiempos razonables”.
En otro orden, el Dr. Argibay recordó que en el año 2009, el Código Procesal Civil ya había sufrido una reforma, y que la reforma de 2017 representa un desafío mucho mayor. “Esto nos obliga a que el esfuerzo para pensar en desafíos o riesgos, a la hora de buscar conciliar esa demanda de la sociedad por un sistema judicial ágil y efectivo, es la actitud que debemos tener para diagramar este anteproyecto”, sentenció.
Por último, concluyó: “Hoy damos por conformada nuestra Comisión, con la esperanza de que el producto que logremos sea en beneficio del sistema jurídico en general y sobre todo de la sociedad civil que espera de nosotros estos grandes cambios y esa eficiencia y efectividad que a veces parece inalcanzable”.
