Las fuerzas de seguridad mexicanas han hecho su parte cercando a los traficantes de migrantes mediante labores de inteligencia y seguimiento financiero, pero especialmente con un vasto despliegue militar en los extremos sur y norte del país, explican estudiosos del tema.
«El hecho de que veamos un camión con tal cantidad de gente (160 personas) a plena luz del día es demasiado desafiante», dice Leticia Calderón, investigadora de la problemática migrante en el Instituto Mora.
La experta señala que la estrategia mexicana es liderada e implementada por militares, cuya lógica castrense resulta efectiva para ejecutar operativos y controlar el territorio.
Pero este accionar no solo mella a los criminales, sino que acorrala a los migrantes que se ven perseguidos y sin mayores salidas legales, considera Calderón.
Para Irineo Mujica, líder de las caravanas migrantes -otra debilitada vía para lograr el sueño americano- el estado de Chiapas (sur), por donde acceden la mayoría de indocumentados y escenario de la tragedia, «se ha convertido en la tumba del migrante».
La política de contención en esta región «ha provocado hacinamientos y obliga a personas como nunca antes a poner su vida en peligro máximo», asegura el activista, duramente criticado por Estados Unidos.
En 2020, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador lanzó medidas para que los migrantes permanecieran en la frontera sur, aduciendo que era más segura que el límite norte donde podían ser víctimas de los sanguinarios cárteles de las drogas.
Calderón plantea alternativas propias de la autoridad civil como que México reconozca nuevos estatus migratorios y otorgue documentos, independientemente de que los beneficiarios decidan permanecer en el país.
Del lado de los criminales, la experta cree que el intenso acecho militar los lleva a aplicar un criterio «empresarial» de tomar el riesgo de mandar el mayor número de camiones con migrantes hacinados a sabiendas de que alguno será detenido o se perderá.
«Al final de cuentas la ganancia se mantiene», explica Calderón, quien reconoce la necesidad de ir tras las mafias pero sin caer en una mera «lógica policial».
Para Enrique Vidal, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, los migrantes no tienen más alternativa que asumir el riesgo de viajar con las mafias.
Encima de eso, la estrategia militarizada de López Obrador los persigue y acusa, alega Vidal.
«El foco lo están poniendo en las propias personas y no en las mafias, sin reconocerlas como víctimas tanto del crimen organizado como del propio gobierno», añade.
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