El juez federal Ariel Lijo ya tiene en sus manos los dos informes elaborados en diciembre de 2009 por los ex contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Eduardo Blanco Álvarez y Roberto Riveros, que cuestionaban la pericia oficial en que se basó el juez Norberto Oyarbide para disponer un sobreseimiento exprés del matrimonio Kirchner en 2008. El propio Blanco ya declaró como testigo en esta causa hace 10 días y el magistrado espera la opinión del fiscal Eduardo Taiano para decidir sobre la posible reapertura del expediente.
Los informes -con fecha 23 y 28 de diciembre del 2009- habían sido realizados por Blanco Álvarez y Riveros a pedido de Guillermo Noailles, quien había quedado al frente de la FIA como subrogante tras la renuncia de Manuel Garrido. Advertían sobre una veintena de inconsistencias y la falta de documentación de respaldo respecto de $24,7 millones del incremento de casi $ 28 millones en el patrimonio informado por Néstor Kirchner en sus declaraciones juradas del 2008. Ese año su patrimonio había crecido un 158%.
Sin embargo, Noailles los guardó en un cajón y no apeló la resolución de Oyarbide. «El que debería dar explicaciones ahora es Noailles», deslizó una fuente judicial. Tampoco apeló Taiano, el fiscal de la causa, en medio de un episodio de secuestro de su hijo, y el sobreseimiento quedó firme.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado el año pasado la reapertura del expediente en base a la doctrina de cosa juzgada irrita -una figura no exenta de controversia-, que sostiene que si una causa fue tramitada de forma irregular, el beneficiado pierde el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
El organismo conducido por Mariano Federici reiteró el pedido en febrero luego de las declaraciones como arrepentido de Víctor Manzanares, en la causa de los cuadernos de las coimas. El contador de los Kirchner confesó que Oyarbide participó de una maniobra orquestada desde el poder para manipular el peritaje patrimonial y favorecer al matrimonio presidencial.
La UIF también fue quien pidió la declaración como testigo de Blanco Álvarez, quien actualmente se desempeña en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. El ex contador de la FIA– que fue desplazado pocos meses después de haber firmado esos informes- declaró el 26 de marzo pasado y dio precisiones ante Lijo sobre las inconsistencias que habían detectado al analizar la pericia oficial.
A pedido del magistrado, la actual Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -que reemplazó a la ex FIA y hoy está a cargo de Sergio Rodríguez- dispuso esta semana desarchivar el expediente que se había abierto a fines del 2009 en ese organismo. Así, los informes firmados por Blanco Álvarez y Riveros que cuestionaban la pericia oficial sobre el patrimonio de los Kirchner llegaron el jueves por primera vez a un Juzgado de los Tribunales de Comodoro Py.
Lijo – quien está cargo de evaluar la reapertura del este expediente porque subroga el Juzgado Federal Nº 5 que tenía Oyarbide- también pidió copia de dos causas iniciadas por Garrido en la Justicia Penal, apenas un día después del segundo informe de los ex contadores de la FIA. Ingresadas el 29 de diciembre de 2009, apenas un día después del segundo de los informes de los ex contadores de la FIA cajoneados, también fueron cerradas.
Una de las denuncias era contra el propio Noailles, en la que el ya fallecido fiscal Luis Comparatore no requirió, y el juez federal Daniel Rafecas archivó el expediente seis meses después. En la otra, Garrido denunció a Manzanares por falsedad ideológica de documento público. La causa recayó en Oyarbide y tampoco avanzó.
Al pedido de reapertura de la UIF, se sumó esta semana otra presentación de la Oficina Anticorrupción pidiendo la nulidad del sobreseimiento dispuesto por Oyarbide.
Según el organismo, los elementos incorporados en la causa de los cuadernos de las coimas «ponen en evidencia que tanto la resolución que benefició a los imputados en el año 2009 como la pericia contable en que se apoyó, fue el resultado de una coordinada maniobra delictiva que involucra tanto a quienes detentaron la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional, a funcionarios de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, a un ex Auditor General de la Nación, a miembros del Cuerpo Pericial Contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a profesionales de confianza del matrimonio Kirchner; y por supuesto al ex juez federal Oyarbide a cuyo cargo estaba la investigación de los hechos».
La OA también recordó que, de las declaraciones públicas de este ex magistrado el 17 de septiembre de 2018 en la causa de los cuadernos, «surgía con claridad que la resolución dictada por el ex juez Oyarbide ciertamente no había sido producto de una actuación objetiva e imparcial, sino de ‘presiones y violencias’ ejercidas desde las máximas órbitas del poder».
La confesión del contador
Infobae pudo saber que Lijo ya recibió copia de la declaración como arrepentido de Manzanares, en la que también había relatado las reuniones que tuvo con Oyarbide, en un departamento de Belgrano, y con el entonces decano del Cuerpo de Peritos hoy jubilado, Alfredo Peralta, y otra integrante de ese cuerpo, Carmen Penedo, actual vicedecana.
El mes pasado, tras la confesión del contador de los Kirchner, el Máximo Tribunal le abrió una investigación interna a Penedo para determinar su responsabilidad en la maniobra que relató el ex contador de los Kirchner.
Manzanares – quien había elaborado las declaraciones juradas de los Kirchner presentadas ante la Oficina Anticprrupción- ofició como perito de parte del matrimonio en la causa, e incluso firmó el peritaje junto a Peralta y Penedo.
«Yo temía por el resultado de la pericia porque la documentación de algunos de los actos económicos no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades que se transfirieron a Austral Construcciones y Rudy Ulloa, entre otros, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples», admitió Manzanares ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo cuando buscaba convertirse en arrepentido.
«En mi entendimiento los actos económicos si eran lícitos no suponían un enriquecimiento ilícito, yo no puedo precisar si eran actos simulados o no. Lo único que se podría objetar era que las propiedades se vendieron a su círculo íntimo, pero no más que eso, porque Néstor Kirchner durante el año 2008 vendió esas 13 propiedades a Rudy Ulloa, a Austral Construcción, a la firma Epeco, entre otros, y en ese mismo año compró Alto Calafate que es Hotesur. (…) Aunque no puedo afirmar que la venta de esos inmuebles haya sido simulada, sí creo que la pericia fue laxa, fue liviana», reconoció en su confesión.
El ex contador del matrimonio Kirchner, en el marco de una ampliación de su indagatoria el jueves último, volvió a aludir a cómo se armó el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Las pericias se basaron, dijo, «en fotocopias» y «en papeles sin certificar».
Lijo le enviará a comienzos de la semana los informes de los ex contadores de la FIA, las copias de las dos causas iniciadas por las denuncias de Garrido, y la declaración como arrepentido de Manzanares a Taiano. Este fiscal ahora deberá opinar si corresponde o no, a partir de estos nuevos elementos, reabrir el expediente. Y entonces será el magistrado el que tome la decisión, 10 años después de un sobreseimiento que se resolvió en solo cinco meses.
