Después de casi ocho meses de brutal receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y aceleración de la inflación. Y también los haberes de los jubilados y pensionados que percibían en marzo algo más que la mínima, porque recibieron ajustes diferenciados por decreto.
Justamente, los ajustes dispuestos desde la suspensión por decreto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, estuvieron dirigidos a evitar el ingreso a un ciclo virtuoso para el sector pasivo por las severas limitaciones fiscales, porque los aumentos hubiesen superado largamente a la inflación descendente al momento del cobro.
Eso hubiese ocurrido por el desfase de seis meses entre la base de la fórmula de ajuste, con una inflación más alta que al momento de cobro y gasto hasta la próxima actualización, cuando en los dos años previos se había transitado el fenómeno inverso, la suba de los precios y salarios tomados como referencia eran notablemente menores que los presentes.
Los datos oficiales que se vuelcan en la base del Ministerio de Economía mostraban a comienzos de 2020 que, al contrario de la percepción que tiene el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, la caída de la capacidad de compra de los haberes del sector pasivo y de la ayuda social fue inferior con la fórmula “macrista de 2017” a la que se hubiera registrado de no haberse modificado la fórmula de actualización de la movilidad jubilatoria de la era “kirchnerista” de 2008, bajo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El ministro Guzmán dijo entonces: “lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones al cambiar la fórmula de ajuste en 2017 es muy grave, es inaceptable. En el único año que la economía creció (2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las ganancias con los jubilados»; luego “comenzó a caer y ahora hay sectores que están con mucha vulnerabilidad”, agregó.
Pero la evolución del haber mínimo, que se actualiza cada seis meses, con un desfase de un semestre en el cálculo del factor de ajuste, y éste desde septiembre de 2018 con una periodicidad trimestral, muestra que con el viejo sistema hubiese acumulado en los últimos dos años, hasta septiembre 2019 que fue la última actualización, una suba nominal de 68,2%, de $7.246,64 a $12.188,82; mientras que con la nueva aumentó 78,5%, a 12.937,22 pesos.
No se equivocó el ministro cuando dijo que si se hubiese mantenido el régimen previo, que tomaba en cuenta la mitad de la variación de los salarios y la mitad de la recaudación de impuestos (Ley 26.417, sancionada el 1 de octubre de 2008 y promulgada el 15 de octubre de ese año, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), en marzo de 2018 el ajuste hubiera resultado mayor, un 3,3% más alto, que con la nueva fórmula que se integró con el 70% de la variación del índice de inflación y el 30% de la variación del salario medio registrado (Ley 27.426, del 18 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri).
Pero esa brecha positiva no se habría mantenido en los semestres siguientes, porque desde entonces la combinación de inflación y salarios arrojó incrementos moderadamente mayores que la determinada por el componente recaudación de la AFIP e ingreso promedio de los trabajadores estables (Ripte).
En ambos casos, se verificó un notable deterioro respecto de la inflación, con el viejo método fue de 22,1%, y con el nuevo se atenuó a 17,3%, porque frente a una tasa acumulada de alza de los precios al consumidor de 115,8% en ese período, el ajuste efectivo fue de 78,5%, y el hipotético de no haber aprobado el Congreso cambios en 2017 hubiese sido de 68,2%, una diferencia real entre ambos métodos de 6,1 por ciento.
En algún punto, el cambio de la fórmula de actualización se anticipó al efecto de la Reforma Tributaria que impulsó la rebaja de la presión impositiva, tras un salto inicial, porque se sabía que iba a determinar una caída real de los recursos cobrados por la AFIP, parcialmente atenuada con los avances que se esperaban lograr con la intensificación de la fiscalización y consecuente reducción de la evasión.
Claro que no se previó a fines de 2017 que pocos meses después, en coincidencia con la aplicación del Impuesto a la Renta Financiera a los extranjeros, y la manifestación de la peor sequía en 50 años que afectó la esperada oferta de divisas por parte del campo, se desatara una crisis cambiaria, recesión, y aceleración de la inflación, que conspiraron contra el factor de incremento de las jubilaciones, y consecuentemente explicaron la brusca caída real del poder de compra de ese sector de la economía, cualquiera fuese la fórmula de actualización.
Ahora, la propuesta de los legisladores del Frente de Todos que analizaron con el ministro Martín Guzmán no solo propone volver al anterior régimen de actualización semestral, pese a que el consenso del mercado proyecta aceleración de la inflación y consecuentemente mayor velocidad de pérdida real de los ingresos con haberes fijos, como es el caso de los jubilados y pensionados, sino que además le impone un tope de aumento real en el año de 3 por ciento.
De ese modo, en el mejor de los casos, la recuperación del poder de compra perdido de las jubilaciones y pensiones desde 2018 no se logrará antes de 6 o 7 años, cuando la perspectiva, de superarse pronto la crisis sanitaria, del proceso de mejora real podría resultar notablemente más acelerado.
La recaudación tributaria ha estado afectada en el corriente año por la drástica caída real de los ingresos vinculados a la actividad económica, como IVA, Cheque y Combustibles, entre otros; mientras que el Ripte, remuneración Imponible Bruta del Trabajador Estable también subió notablemente menos que la inflación, por la combinación de recorte de la jornada laboral en diversas actividades y rezago en el aumento de los salarios convencionados.
De ahí que en un escenario de perspectiva de reactivación de la economía en su conjunto la proyección de aumento de esas dos variables debiera ser notablemente mayor que la inflación, pero no se trasladará a los jubilados y pensionados sino hasta un tope adicional de 3% por año.
Y además, con la proyección de aceleración de la tasa de inflación y paso de trimestre a semestre de las próximas actualizaciones, los ajustes volverán a quedar más rezagados en términos reales. Pero es funcional a la intención del ministro Guzmán de acelerar el recorte proyectado en el gasto público para reducir el déficit fiscal, de modo de llegar a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, aunque al costo de provocar un peor resultado para los jubilados y pensionados del que podrían haber obtenido con la restauración de la fórmula que rigió en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.
De ahí que el consenso de los asesores previsionales anticipa una nueva de ola de juicios contra el Estado, con un costo fiscal futuro notablemente mayor que lo buscado con el ahorro presente.
