En los últimos días se conoció que los tres senadores mendocinos tienen a su cargo, en total, a unos 75 empleados legislativos, cuyos sueldos van desde los $14.665 hasta los $89.799, lo que desató interrogantes sobre qué pasa con el gasto público en el Congreso.
Gabriel Salvia, Director General de Cadal, (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), recordó que «el gasto público y la administración nacional se financia con dinero de los contribuyentes».
«La cuestión de fondo en cuanto al personal de la administración pública en general y del poder legislativo en particular es debatir una cuestión ética: cómo se accede a la función pública. No debería ser un ámbito al que ingresan por amiguismo, sino que habría que tener dos criterios importantes como la idoneidad y el principio de igualdad ante la ley», planteó.
«Debería poder ingresar cualquier ciudadano y no por ser puntero político, hijo o amigo del puntero», reiteró.
Aunque según Salvia el Poder Legislativo ofrece bastante información y se puede conocer cuánto personal tienen las diferentes dependencias del Senado, «la administración pública se usa como botín para el que está en el gobierno de turno».
El director de Cadal, dijo que en la actual gestión el gasto público ha descendido muy poco. «Durante el kirchnerismo hubo una explosión del empleo público y dejaron a nivel nacional 400.000 empleados y ahora estamos en 357.000 y la mayoría son permanentes», precisó.
«En el Senado, en 2003 tenía 2.652 empleados y pasó a 6.020. En un sólo año Amado Boudou nombró a 2.000 personas y después no vi cambios a pesar de lo anunciado por Gabriela Michetti», recordó.
Salvia cuestionó a aquellos legisladores que argumentan su designación de empleados bajo la figura de «trabajo territorial». «La verdad que yo no pago a un legislador para que financie su carrera política», alertó.
«Cada legislador es en sí un proyecto político y cree que tiene derecho a emplear gente con el recurso de todos los contribuyentes para financiarle la carrera política. No puede tener un equipo para financiar su trabajo partidario», lamentó.
«Hay que separar la función pública de la partidaria», advirtió.
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