La situación fiscal de Brasil se deteriora a pasos agigantados. El Banco Central decidió el miércoles, por segunda vez consecutiva en dos meses, no reducir la tasa Selic, que fue confirmada al 10,5% anual. Se trata del tipo de interés básico, introducido en Brasil en 1999, que es fundamental para la economía del país porque influye en otros tipos, el de los préstamos, la financiación y las aplicaciones financieras. Es el principal instrumento de la política monetaria del Banco Central para garantizar la estabilidad de la economía y controlar la inflación, evitando desequilibrios de precios como los que el país ha experimentado en las últimas décadas y que han provocado la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
De la tasa Selic, Lula ha hecho incluso un mantra de batalla, sobre todo en su cruzada personal contra el director del Banco Central, Roberto Campos Neto, que lleva meses con frases duras y ataques directos. Campos Neto terminará su mandato a finales de diciembre, y todavía hay muchas incógnitas sobre su sucesor, que será nombrado por Lula. Pero lo que se desprende de la reunión del Copom, el Comité de Política Monetaria del Banco Central, celebrada el miércoles es que los directores elegidos por Lula, como el posible sucesor de Campos Neto, Gabriel Galípolo, director de Política Monetaria, también votaron a favor de mantener el tipo en el 10,5%. También votaron como Galípolo los otros tres indicados por Lula, a saber, Paulo Picchetti, director de Asuntos Internacionales y Gestión de Riesgos, Ailton Aquino, de Fiscalidad, y Rodrigo Teixeira, de Administración.
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Vista del edificio del Banco Central de Brasil (EFE/Joédson Alves)Entre los motivos de preocupación de los economistas de Brasilia, además del escenario estadounidense, donde la Reserva Federal podría recortar el tipo de interés en septiembre, está la incertidumbre fiscal que se ha convertido en la gran espina clavada del gigante latinoamericano, donde los recortes del gasto público aún no garantizan el equilibrio fiscal. El texto del Banco Central brasileño también expresa su preocupación por el fuerte fortalecimiento del dólar frente al real. El jueves, el real cerró -y esto no ocurría desde el marzo de 2021- a 5,75 frente al dólar.
Sin embargo, los datos actuales dicen lo contrario. La deuda pública del Gobierno de Lula alcanzó el 77,8% del PIB en junio, 1,1 puntos porcentuales más que el mes anterior. En 12 meses, el déficit primario, es decir, el gasto público excluidos los intereses de la deuda pública, fue del 2,44% del PIB. Un año antes, este indicador era del 0,22% del PIB.
No es casualidad que en el último comunicado del Copom se afirmara expresamente que “el comité reitera que una política fiscal creíble y comprometida con la sostenibilidad de la deuda contribuye a anclar las expectativas de inflación y a reducir las primas de riesgo de los activos financieros, afectando así a la política monetaria”. El riesgo de una explosión inflacionista, señalan los economistas en Brasilia, es real si no se contiene el gasto público. El gobierno ha decidido hacer algunos recortes en las últimas semanas. El martes se publicó el decreto de planificación presupuestaria en el que se detallan los sectores que verán congelados fondos por valor de 15.000 millones de reales, 2.608 millones de dólares. Los más perjudicados son el Ministerio de Salud, que sufre un recorte de 4.420 millones de reales (768 millones de dólares), el Ministerio de Ciudades, que pierde 2.130 millones de reales (370 millones de dólares), el Ministerio de Transportes, que pierde 1.510 millones (268 millones de dólares), y sobre todo el Ministerio de Educación, que no podrá utilizar 1.280 millones de reales (223 millones de dólares). Además, el gobierno también ha decidido aplicar un control preventivo del gasto, una decisión que irritó a los ministerios, que no podrán gastar 47.000 millones de reales (8.171 millones de dólares) hasta septiembre. La nueva norma ha sorprendido y enfadado a miembros de otros poderes del estado. Según la nueva norma, sólo se podrá gastar el 35% de los recursos disponibles hasta septiembre. Otro 35% podrá utilizarse hasta noviembre y el último 30% en diciembre.
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Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/Andre Borges)¿Bastarán estas decisiones para mantener la meta fiscal? Muchos analistas financieros se muestran escépticos. Vilma Pinto, directora del Instituto Fiscal Independiente (IFI), vinculado al Senado, declaró al diario O Globo que “según nuestras cuentas, será necesario un recorte de 50.000 millones de reales (8.692 millones de dólares) para alcanzar el objetivo de déficit cero”. El gobierno persigue este objetivo de déficit primario cero para 2024. Sin embargo, en octubre, el propio Lula dejó claro que es improbable que se alcance el objetivo este año.
También encendió el debate en julio el editorial de la revista británica The Economist, que criticaba el tercer mandato de Lula desde el punto de vista económico. “El problema es que Lula gasta como si el país fuera mucho más rico de lo que es. El gasto este año ha aumentado un asombroso 13% por encima de la inflación en comparación con el mismo periodo del año pasado, y el déficit fiscal es del 9% del PIB”, reza el artículo, que también hace referencia a las llamadas enmiendas, o repartos de dinero público a los parlamentarios sin dar cuenta de los motivos. “Los aliados de Lula tienen menos peso en el Congreso que en el pasado, lo que le obliga a comprar el apoyo de otros (partidos). Gran parte del gasto implica regalos en efectivo a intereses especiales”, escribe The Economist.
Y ahora la gran incógnita será qué ocurrirá cuando expire el mandato de Roberto Campos Neto. El actual director de política monetaria, Gabriel Galípolo, delfín de Lula y posible sucesor, niega cualquier riesgo de no alcanzar el objetivo de inflación a partir del próximo 1 de enero. De hecho, el 26 de junio, el gobierno publicó un decreto en el que se fijaba un objetivo continuo de inflación. Según el decreto, el objetivo y el intervalo de tolerancia podrán ser modificados por el CMN (Consejo Monetario Nacional), a propuesta del Ministro de Hacienda, con una antelación mínima de 36 meses (tres años) respecto al inicio de su aplicación. Corresponderá entonces al Banco Central aplicar las políticas necesarias para alcanzar el objetivo. Antes de ese decreto, el objetivo y el intervalo de tolerancia era de un año solar.
Fuente Infobae
