La Confederación de Bibliotecas Populares de la República Argentina (COBIPA) muestra su
preocupación frente a un hecho que movilizal ámbito cultural, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 345/2025 que transforma a la CONABIP (Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares) en una simple unidad organizativa dentro de la órbita de la
Secretaría de Cultura.
Esta decisión, que se enmarca dentro del proceso de “reestructuración estatal” impulsado por el Ejecutivo bajo la Ley de Bases, implica una profunda pérdida de autonomía institucional y representa un retroceso significativo para el federalismo cultural argentino.
La CONABIP, creada por Sarmiento mediante Ley N° 419 en 1870, ha sido históricamente
un canal esencial para promover la lectura, apoyar a las más de 1500 bibliotecas populares
del país y garantizar el acceso democrático al conocimiento.
Su rol federal, descentralizado y participativo ha sido clave para que instituciones con pocos recursos, muchas en zonas rurales o marginales, pudieran sostener sus actividades, capacitarse, renovar sus acervos e incluso abrirse a nuevas funciones sociales y educativas.
La gravedad de la medida radica no solo en que una ley se someta a una norma de menor jerarquía como un decreto, o en la absorción administrativa de CONABIP, sino en su
debilitamiento operativo y simbólico: la pérdida de autonomía impide que esta histórica
entidad siga canalizando de forma transparente, directa y participativa los fondos destinados al sector.
La creación de un consejo asesor ad honorem —sin poder vinculante ni garantía de representatividad— acentúa la centralización y podría abrir la puerta a decisiones discrecionales, con escasa sensibilidad hacia la diversidad y particularidades del entramado
cultural del país.
El escenario se vuelve aún más crítico si se consideran los múltiples desafíos que enfrentan hoy las bibliotecas populares. En pleno siglo XXI, estas instituciones deben reinventarse:
pasar de un modelo centrado en el préstamo de libros físicos a un ecosistema más amplio
que incluya formación, inclusión digital, actividades culturales, apoyo escolar y desarrollo
comunitario.
Todo ello, con recursos escasos, planteles voluntarios reducidos y en un contexto donde la crisis económica impacta de lleno en sus posibilidades de financiamiento y sostenimiento.
Con esta medida, el Gobierno no solo pone en jaque a un pilar de la cultura popular argentina, sino que debilita una de las políticas públicas más valoradas en términos de
equidad territorial y promoción de la ciudadanía.
La comunidad bibliotecaria, representada por federaciones, bibliotecas y la propia COBIPA, ya manifestó su preocupación. Es momento de redoblar los esfuerzos en defensa del federalismo educativo cultural, de la autonomía institucional y de una herramienta que ha sido esencial en la democratización del saber: las bibliotecas populares.
