La diputada del FpV-PJ, Fernanda Vallejos, presentó este martes un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el propósito de que la Justicia declare la «nulidad e inconstitucionalidad» del acuerdo entre el Gobierno y el FMI.
En un escrito de 19 páginas, que presentó junto a sus abogados Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat,advierte sobre «la manifiesta falta de competencia constitucional del PEN» y puntualiza que «no hay razón alguna para que el presunto «salvataje» se geste con la sola y única intervención de los personeros del PEN, y sin que el Congreso de la Nación haya podido tomar intervención previa.
«Contraer empréstitos» implica el tomar una decisión propia al Poder Legislativo», afirma la diputada del FpV.
De esta manera, Vallejos cuestiona la constitucionalidad del acuerdo Stand By entre el FMI y el Ejecutivo, por el cual el se contraerá una deuda por U$S50.000 millones, que deberán afrontar futuras administraciones.
Otro de los ejes centrales de la línea argumental de Vallejos apunta a que «el mal llamado Crédito Stand By» es, en realidad, «un Tratado Bilateral entre el FMI y un Estado miembro» que fija condiciones de política económica al país a cambio de «desembolsos dinerarios» que sólo se otorgan «en la medida que dichas condicionalidades se vayan cumpliendo».
En este sentido, la economista y diputada nacional advierte sobre los riesgos de que el mencionado acuerdo Stand By «se encuentra condicionado al cumplimiento de metas económicas, financieras y fiscales, taxativamente estipuladas por el FMI, que supervisará y fiscalizará el cumplimiento de esas metas».
Por último, Vallejos alerta sobre los riesgos que encierra «la situación de dominancia colonialista, ejercida por un órgano trasnacional que colecta, además y como es de público y notorio, una larga ristra de fracasos y empobrecimientos de los pueblos que fueron alcanzados por sus recetas».
El recurso presentado por Vallejos se suma así al presentado este lunes por sus compañeros de bancada, el rionegrino Martín Doñate y el bonaerense Rodolfo Tailhade, con el objetivo de que el Estado nacional se abstenga de «concluir cualquier acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional sin antes dar intervención al Honorable Congreso de la Nación tal como lo establece el artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna»
En tanto, el referente de Metalúrgicas y Plásticas Argentinas (IMPA), Eduardo «Vasco» Murúa concurrió a la justicia con otro amparo para que El Gobierno facilite información pública en cuanto a los alcances del préstamo solicitado a la entidad financiera.
«El objeto de esta pretensión es obtener una sentencia que ordene a la demandada brindar información clara, completa, detallada, suficiente y oportuna sobre las condiciones y los términos contractuales del empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional».
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