La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios bonaerenses recibió este lunes la primera denuncia electrónica. Se trata de un pedido de juicio político contra el juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca Claudio Brun por haber otorgado la libertad a detenidos acusados de delitos graves. La presentación online, mecánica establecida en la Provincia a partir del aislamiento decretado por el COVID-19, la hizo el diputado provincial del Frente de Todos Pablo Garate.
El legislador responde al sector massista de la coalición, como el diputado Jorge D’Onofrio que también prepara otros escritos de jury contra otros jueces bonaerenses.
“A pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves”, señaló el diputado Garate, que además es abogado y oriundo de la ciudad de Tres Arroyos.
“La Justicia tiene que tener sentido común y responsabilidad, ya que hay que terminar con los jueces del ‘salga, salga’ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”, agregó, y aseguró que en este caso se violó la Ley Nacional de Víctimas, que “es de orden público, la de Protección Integral de la Mujer y no se le dio intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo”.
Ibars había sido condenado a siete años de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo. El juez Claudio Brun le había concedido la prisión domiciliaria pero, tras los múltiples reclamos, decidió dar marcha atrás y revocó su propia resolución con otra nueva en la que ordenó su regreso al penal de Villa Floresta en Punta Alta. Cuando lo hizo, el pedido de juicio político ya estaba en marcha.
Tanto el diputado Garate como D’Onofrio responden al Frente Renovador que lidera el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien la semana pasada reunió al Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por Sandra Rossi. El observatorio depende de Diputados y hace el seguimiento de la ley vigente que establece que las víctimas deben ser notificadas de toda resolución vinculada con sus casos. En ese marco, Massa y Rossi anunciaron que harían el monitoreo de las “libertades masivas” durante la pandemia mientras que el referente renovador exigió públicamente el juicio político de los magistrados que no cumplieran con la legislación.
Según se informó, D’Onofrio prepara un nuevo escrito para solicitar un jury a la jueza María Inés Piñero Bertot, del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma acusado por violar a una menor de 17 años. El domicilio donde cumple su arresto se encuentra a unas pocas cuadras del hogar de la víctima. Además allí conviviría con menores de edad.
Sin embargo D’Onofrio señaló, en línea con lo dicho por varios funcionarios nacionales, que “más allá de una campaña para infundir miedo en la población con falsas cifras de liberación de detenidos, quienes tenemos la responsabilidad de velar por las víctimas y la ciudadanía en general ponemos en marcha las herramientas que nos da la Constitución y vamos a iniciar jury de enjuiciamiento a los magistrados que hayan ido más allá de lo normado por la Corte y las leyes nacionales y provinciales”.
El diputado y asesor en materia de seguridad de Massa recordó que “es tan flagrante el mal desempeño de estos magistrados que no solo mandaron a la casa a un violador» sino que, como agravante, “una vez iniciado el proceso se había fugado y fue detenido por el buen trabajo de la fiscal actuante quien lo confinó a prisión preventiva”. En diciembre de 2019 se elevó la causa de Di Palma a juicio y espera fecha de inicio.
«Entra en lo que marca la ley para denegar las excarcelaciones y tiene que ver con la posibilidad de fuga”, subrayó sobre las resoluciones judiciales, tanto en Provincia como a nivel nacional, que limitan las prisiones domiciliarias a los casos de delitos leves mientras que se excluyen los delitos graves y delitos sexuales como estos.
Massa creó el Observatorio de Víctimas de Delitos en Diputados junto a familiares de víctimas de delito como Luciana Carrasco, Matías Bagnato, Alberto Lebbos, Guillermo Bargna, Jimena Aduriz, María Elena Leuzzi, Mariela Machuca y Natalia Figueroa
Fundamentos contra el juez Brun
Entre los argumentos para sostener el jury presentado contra el juez Brun ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, se indicaron como causales la violación de los deberes inherentes al cargo y la comisión de graves irregularidades en un proceso a su cargo.
En la lista en su contra indicaron que omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor fuera trasladado a su casa con prisión domiciliaria, lo que va en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país. También, por tratarse de un abuso a una joven, se violó la Ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres” que prevé el derecho a ser oída en forma previa a la liberación, concesión de beneficios o resolución que la afecte.
No se dio tampoco intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo; no se notificó la orden de prisión domiciliaria a la víctima sino hasta 22 días después de la resolución cuando ya había sido publicado en los medios masivos de comunicación y se prescindió, por razones de urgencia, de realizar el Informe Interdisciplinario del Servicio Penitenciario para saber si el preso estaba adaptado, su concepto, peligrosidad y recomendaciones sobre la viabilidad de su libertad.
Si bien el detenido cumplía una condena firme dictada por otro tribunal, en el lugar donde estaba detenido no se registraba ningún caso de coronavirus que justificara la urgencia.
El control además no se dispuso a través de tobillera u otro medio electrónico. Sólo se ordenó que este control se haga después de finalizada la pandemia.
Finalmente el informe social para determinar las condiciones domiciliarias de la casa donde se alojaría el preso se hizo telefónicamente y no en forma presencial. Diez personas conviven allí.
Se solicitó además la suspensión preventiva del juez y su apartamiento del juzgado hasta tanto se dicte sentencia de jury.
La presentación se realizó con el objetivo de que sea tomado como leading case (caso testigo) contra un juez que liberó masiva y sistemáticamente acusados o condenados por “casos graves” en contra del espíritu de las resoluciones judiciales que lo desaconsejaban expresamente y recomendaban incluso “asegurar el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitencia donde cada uno se encontraba alojado, según lo escribió el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini.
