La ilusión de la república naciente chocó de frente contra una pared. Con el reloj en marcha hacia la anunciada declaración de independencia, el gobierno catalán entró definitivamente en pánico. La fuga masiva de empresas recalentó ayer la disputa entre quienes quieren llevar el desafío hasta el final y los que piden frenar antes de que sea tarde.
El presidente regional, Carles Puigdemont, decidió postergar un día, hasta el martes próximo, la sesión parlamentaria en la que pretendía proclamar la ruptura. Él integra el bloque de los que quieren cumplir el compromiso asumido tras el accidentado referéndum del domingo, aun cuando las consecuencias políticas, judiciales y económicas se vislumbran dramáticas.
En pleno debate interno, apareció para pinchar el globo su antecesor, Artur Mas, jerarca de la plana mayor nacionalista. El dirigente advirtió al diario británico Financial Times que Cataluña no está lista aún para «la independencia real» y pidió cautela. «Para ser independiente hay algunas cosas que nosotros aún no tenemos», señaló el ex presidente regional.
La cuestión ahora -dijo Mas- es cómo ejercer el derecho [a ser Estado independiente]. Para ello hay que tomar decisiones. Y tienen que tener un objetivo en mente: no se trata sólo de proclamar la independencia, sino de convertirse en un país independiente».
¿Se acabó la fantasía? La voz de Mas resume el pensamiento de los sectores más pragmáticos del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), ex Convergencia, el grupo de centroderecha en el que milita Puigdemont. Tradicionalmente ligados a la burguesía catalana, sus dirigentes sufrieron el anuncio de los bancos CaixaBank y Sabadell de que mudarán el domicilio social de Cataluña a otras regiones de Españapara protegerse de la crisis.
Si ya se sentían incómodos con las acusaciones penales a las que se exponen si llegan a votar la declaración unilateral de independencia (DUI), ahora sienten que pueden causar una ruina económica profunda para Cataluña. El capital pudo más que el presidente Mariano Rajoy, el rey Felipe VI y los tribunales juntos.
El movimiento de las empresas no sólo augura un destino inviable en lo inmediato para una eventual república catalana. También sería una catástrofe para el futuro de la Comunidad Autónoma dentro de España. Al mudar sus sedes sociales, los bancos y las multinacionales como Gas Natural pasarán a tributar en otras regiones por los negocios que hacen en toda España. Eso causaría un agujero en los fondos que vuelven a Cataluña en concepto de coparticipación.
Al mudar sus sedes sociales, bancos y multinacionales como Gas Natural pasarían a tributar en otras regiones por los negocios que hacen en toda España; eso causaría un agujero en los fondos que vuelven a Cataluña en concepto de coparticipación. Foto: AP / Manu Fernandez
Santi Vila, conseller (ministro) de Empresa, fue el primero en gritar auxilio. Lo hizo en un artículo en el diario ARA, house organ del separatismo, en el que pidió detener la DUI: «Tenemos que reflexionar sobre si las prisas pueden estropear el sueño».
Los moderados creen que el independentismo consiguió una victoria al celebrar el referéndum y que la represión de las fuerzas estatales en los colegios electorales les sumó simpatías dentro de Cataluña y en Europa. Sostienen que apurar la DUI echará a perder ese capital. Creen que se impone pensar en el largo plazo y forzar una negociación con España.
El otro partido de la coalición que gobierna la región, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es más reticente a retroceder. Su líder, el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, se mantiene en la ambigüedad.
Ayer se limitó a denunciar que la administración de Rajoy presionó a los bancos para que se mudaran. Y se permitió una reivindicación política que sonó a consuelo triste: «No se van a Madrid. Se van a los Países Catalanes». Aludía a que Sabadell se muda a Alicante y la Caixa, a Valencia. Dos ciudades que los nacionalistas reclaman como parte integral de una patria grande catalana.
Los anarquistas de la CUP insisten en que la sesión del martes próximo será histórica. «Ése es el momento adecuado para ratificar el referéndum, declarar la independencia e iniciar el proceso constituyente. De esto estamos hablando», señaló ayer el diputado Carles Riera. En medio del vendaval, Puigdemont mantiene la apariencia de que todo sigue. Anoche publicó los resultados del referéndum. Participaron, según esos datos, 2.286.217 personas, el 43% del padrón. De ellos, el 90,18% respondió que sí a la pregunta «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república?».
La proclamación de los resultados tiene relevancia en la lógica del separatismo. La ley que amparó el referéndum -suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)- dispone que en las 48 horas posteriores a ese trámite el Parlamento se debe reunir y declarar la independencia.
Puigdemont pidió comparecer el martes ante la cámara. Para recalcular la fecha aprovechó un fallo del TC que había suspendido el pleno convocado para pasado mañana en el que se iba a debatir sobre la futura república. En su solicitud indica que pretende «informar sobre la situación política». Nada más.
Compró tiempo. El gobierno catalán seguirá pidiendo una instancia de «diálogo y mediación», lo que podría permitirle desactivar el desafío de modo honorable. Mientras, trabaja en esquemas para hacer una declaración de independencia acotada, que limite la reacción del Estado.
Atento a las tensiones, el gobierno de Rajoy hizo gestos hacia los separatistas. Por un lado, mandó a su delegado en Cataluña, Enric Milló, a pedir «disculpas» a los ciudadanos heridos en la represión. Por otro, el ministro vocero, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que si Puigdemont «vuelve a la legalidad» se podrá «hablar y dialogar». Sutil cambio: la Moncloa decía hasta el día previo que el presidente catalán ya no era un interlocutor válido. Los independentistas piden algún guiño más de Rajoy para enmascarar una rendición. Por ejemplo, que retire los 10.000 policías y guardias civiles que desplazó a Cataluña por la crisis. El Ministerio del Interior se plantó: extendió el plazo de movilización de efectivos hasta el 18 de octubre.
Bruselas insiste en el diálogo
La Comisión Europea (CE) apremió ayer al gobierno español y al catalán a que dialoguen inmediatamente para tratar de solucionar la crisis abierta tras el referéndum independentista celebrado el domingo pasado.
«Queremos que esto ocurra rápidamente», dijo un vocero en Bruselas, aunque reiteró la postura de la CE de no inmiscuirse, ya que lo considera un asunto interno. El comisario europeo de Programación Financiera, Günther Oettinger, calificó de muy preocupante la crisis.
Los obstáculos para los independentistas
Dinero
La huida en masa de empresas de Cataluña, con el gigante grupo financiero La Caixa a la cabeza, deja herido de muerte el sueño de la independencia y complicaría gravemente la salud financiera de la región. Al mudar sus sedes a otras zonas, los bancos y las grandes compañías -ayer se sumó Gas Natural, para instalarse en Madrid- dejarían de tributar en Cataluña, que se expone así a un dramático descenso en sus ingresos por coparticipación
Deserciones
El vértigo empezó a marear a figuras claves del frente separatista. En el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), el grupo liberal de Carles Puigdemont, crece la presión para que se eviten «medidas irreversibles». El ex presidente catalán Artur Mas, miembro decisivo de la plana mayor nacionalista, pinchó el globo ayer al decir que Cataluña no está lista para la «independencia real». Sólo los más radicales exigen ir por todo
Justicia
Los tribunales instruyen decenas de causas contra las autoridades catalanas; la primera señal fue la imputación por sedición (10 a 15 años de cárcel) contra el jefe de la policía autonómica. Proclamar la república conllevaría penas de entre 15 y 25 años (por rebelión) contra quienes participen de ese acto. Por la desobediencia cometida hasta ahora pueden sufrir condenas por malversación y otros delitos con sanciones penales y patrimoniales
Diplomacia
A pesar de la solidaridad que obtuvo el catalanismo después de la represión policial en los centros electorales del referéndum, la Unión Europea (UE) dejó en claro que no apoyará una secesión unilateral. Las críticas a Mariano Rajoy en la prensa internacional -un triunfo de los separatistas- no se tradujeron en un apoyo a la causa de la autodeterminación. Ni el Vaticano, ni la ONU, ni la UE tomaron la idea de promover una mediación.
La Nación
