A tres meses del inicio de la gestión, el gobierno de Mauricio Macri y los jueces federales deComodoro Py enfrentan su primer pelea. Algunos magistrados de primera instancia de ese fuero le hicieron saber esta semana a funcionarios nacionales que están en desacuerdo con el proyecto que busca crear juzgados federales de crimen organizado. La respuesta del Ministerio de Justicia es que avanzarán de todos modos con el proyecto. La iniciativa ya está redactada y, si la decisión no cambia, la semana que viene será enviada al Congreso Nacional.
Los jueces de Comodoro Py ven amenazado su poder. Creen que el proyecto apunta a restarles de a poco la competencia en causas contra funcionarios públicos, la principal arma del fuero. En el Ministerio que conduce Germán Garavano no niegan esa finalidad.
Tampoco desconocen que en Comodoro Py tramitan causas contra algunos de los funcionarios nacionales que datan de su paso por el gobierno porteño. De hecho, todavía no está resuelta la situación del propio Mauricio Macri por las escuchas ilegales. Fue sobreseído en diciembre por el juez Sebastián Casanello pero este mes la Sala I de la Cámara Federal debe resolver si confirma esa resolución o envía a juicio oral al Presidente.
El proyecto del Ministerio de Justicia -origen de la pelea- crea 10 juzgados de crimen organizado que tendrán competencia en todo el país. Podrán intervenir en casos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y los delitos que se cometan bajo una asociación ilícita.
Si bien en el Ministerio aseguran que los nuevos jueces no intervendrán en casos de corrupción, en Comodoro Py creen que esta es la ventana para entrar al fuero y después ir por esos expedientes.
Manuel Izura, asesor del Ministerio y amigo de Garavano, estuvo hace 10 días en Comodoro Py invitando a los jueces federales a reunirse con el Ministro. Los magistrados agradecieron la invitación pero la rechazaron. «No íbamos a ir a escuchar lo que ya está decidido», le dijo uno de ellos a Infobae.
Inclusive, los 12 jueces federales de primera instancia fueron invitados a la reunión que este jueves encabezó Garavano con magistrados nacionales y federales para presentarles el proyecto «Justicia 2020» Solo asistió uno de ellos, Casanello, y algunos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.
Quienes tuvieron reuniones con los jueces fueron dos funcionarios de peso del Ministerio: el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Juan Mahiques. Ambos estuvieron esta semana en los tribunales de Comodoro Py y se reunieron con los jueces Ariel Lijo, Julián Ercolini, Daniel Rafecas y María Servini de Cubría.
«Solo nos quieren esmerilar a nosotros y este es el primer paso», es la frase que repiten los jueces en Comodoro Py.
Entienden que, de aprobarse, la reforma les permitirá a los nuevos jueces sacarles causas. «Bajo el ropaje del narcotráfico nos quitan todo», señala uno de los magistrados que más combate la iniciativa.
Otros dos jueces señalaron que, además, el proyecto es inconstitucional porque viola el federalismo y es contradictorio con el nuevo Código Procesal Penal. También señalan que hasta podrá generar demandas judiciales por su aplicación. Los funcionarios nacionales escucharon el descontento pero avanzarán con la iniciativa.
En el Congreso Nacional se jugará otro partido. «Los gobernadores no lo van a permitir«, señala un juez. «Los jueces van a influir en el Congreso», especula un funcionario.
Esta no es la primera vez que un gobierno intenta restarle poder al fuero federal. En 2004, el entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, tenía la misma iniciativa. Entre aquella iniciativa y la actual, hay un nombre en común: Garavano.
El flamante ministro de Justicia de Macri fue quien redactó el proyecto de 2004 que terminó naufragando. Se repiten la iniciativa y los protagonistas. El tiempo dirá si la historia se repite completa.
Fuente: Infobae
