La decisión del gobierno nacional de restringir el ingreso de familiares de ministros a la administración pública registra su primera situación conflictiva. Ante la resistencia de las autoridades de las cámaras del Congreso de la Nación de aplicar un plan similar, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, salió a marcar la cancha.
«Esto es un camino de ida, la sociedad nos pide más austeridad y transparencia. Todo esto va a ser copiado y esta línea que nos pide el Presidente va a ser tomada por distintos organismos», aseguró el funcionario encargado de redactar el decreto que definirá los alcances de la medida en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
Según trascendió en las últimas horas, las autoridades del Senado y de Diputados recibieron el anuncio de Mauricio Macri con calma porque en los últimos meses aplicaron distintas medidas para depurar la planta de empleados. «Nosotros no entramos en ese recorte porque todo lo que había que hacer ya lo hicimos», explicaron, por ejemplo, voceros citados por el diario La Nación.
Esta definición parece que no fue bien recibida en el Gobierno, que a través de Ibarra aseguró este martes que la medida anunciada por Macri «es una exigencia de la sociedad» que financia con sus impuestos a los tres poderes del Estado. Se cree que una restricción como la que se anunció este lunes generaría gran resistencia en el Congreso: no son pocos los legisladores que designan a sus familiares en sus despachos.
En el gobierno nacional esperan que otras administraciones copien el modelo del Poder Ejecutivo, que se conocerá esta semana, cuando se publique la norma en el Boletín Oficial. La Provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño serían los primeros en acoplarse.
Además del desplazamiento de familiares, el jefe de Estado anunció ayer un congelamiento en el salario de la planta política del Estado y un recorte del 25% de los puestos.
