Primera repercusión oficial: «Acá no importa quién cae», dijo el ministro de Justicia

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Todavía bajo el estado de shock de una investigación con las posibilidades de transformarse en el Lava Jato local, el Gobierno analiza la posibilidad de lanzar un Plan Nacional contra la Corrupción que incluiría la participación del sector público, el empresarial y la sociedad civil. Infobae supo que por la tarde se reunirá en la Casa Rosada la mesa de seguimiento de la agenda de transparencia para decidir los pasos a seguir en esta cuenta pendiente.

De hecho, la Oficina de Anticorrupción ya elaboró las bases de un proyecto que incluiría la participación activa de la SIGEN, la Procuración General del Tesoro y de la Agencia de Acceso a la Información Pública, entre otros organismos del Estado, y estaba previsto que se lo presenten a Mauricio Macri el viernes por la tarde.

Tras conocerse las impactantes novedades judiciales que ya tienen presos a los empresarios Gustavo Ferreyra y Javier Sánchez Caballero, además del ex número dos de Julio De Vido, Roberto Baratta y su chofer, Oscar Centeno, y la próxima citación a indagatoria a Cristina Kirchner, entre otros, allegados al Presidente están evaluando la posibilidad de lanzarlo el Plan de Lucha contra la Corrupción cuanto antes.

La Unión Cívica Radical había sido insistente con la idea de organizar una «CONADEP» contra la corrupción antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno, pero por alguna razón -nunca del todo explicada-, el Presidente no se abocó al asunto, y la idea quedó archivada.

Algunos piensan que pesó en Macri la hecatombe en la que cayó la economía brasileña tras el «Lava Jato», la investigación que lleva 84 condenados por delitos de corrupción y lavado de dinero, y 49 acuerdos de delación premiada, que implicó a 16 empresas.

Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 2015 hubo distintos intentos desde el oficialismo por adaptar la legislación argentina para facilitar las delaciones, proteger los testigos, y facilitar la devolución de lo robado, con suerte diversa.

«No había programa en serio de protección de testigos, no había ley del arrepentido, las fuerzas de seguridad no ayudaban a la justicia, enviamos la ley de extinción de dominio que el Senado no aprueba», explicó un vocero del área de justicia para mostrar la vocación de lucha contra la corrupción. Puso como ejemplo, además, que ya hay tres arrepentidos de alto voltaje, Leonardo Fariña, Alejandro Vanderbroele y Diego Martínez Rojas.

Desde Mendoza, donde fue a presentar el programa Justicia 2020, el ministro Germán Garavano dijo: «No importa quién cae, lo importante es que se haga justicia». Y remarcó: «Si bien la justicia fue lenta, por primera vez hay un proceso que nunca se vivió en la Argentina y tiene que ver con el compromiso institucional que tiene el Gobierno con la independencia judicial, apoyando las investigaciones».

«No hay por parte del gobierno nacional ninguna especulación política con esto. Hemos mostrado la mayor predisposición. La justicia ha tenidos siempre una deuda con la sociedad. Durante el Gobierno anterior muchas investigaciones no avanzaron como debería haberlo hecho. Ahora hay libertad e independencia política. Lamentamos que esto no hubiera pasado antes. Esperamos que todos estos casos lleguen a juicio oral rápidamente», completó.

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