El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Marcelo Mamberti y el jefe del Archivo del organismo, Guillermo Agüero, fueron procesados por el ocultamiento durante cuatro años de un legajo vinculado a la causa Ciccone, en la que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou está procesado junto a otras personas.
La jueza federal María Servini sostuvo que los dos acusados tuvieron un «actuar negligente» que hizo que durante cuatro años el legajo estuviese perdido dentro del organismo. El procesamiento fue dictado por el delito de violación de registro culposa, que tiene una pena de multa de 750 a 12.500 pesos, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación y es el organismo que se encarga del registro y control de las empresas. En esa dependencia estaba el legajo de «The Old Fund», la empresa de Alejandro Vandenbroele que compró «Ciccone Calcográfica», en una operación en la que Boudou actuó en las sombras para quedarse con la compañía.
Dentro del expediente de «The Old Fund» se encontraba el legajo de reforma de su estatuto y el aumento de capital. Desapareció del archivo el 23 de marzo de 2012 cuando fue pedido por un directivo de la IGJ y se informó que no se encontraba.
Por una denuncia de los entonces diputados nacionales Manuel Garrido y Graciela Ocaña se inició una causa penal que llevó la jueza Servini.
Finalmente, el expediente apareció el 13 de abril pasado. Lo encontró Gabriel Agüero, hijo del jefe del Archivo. Agüero declaró que buscó el legajo «en el lugar donde tendría que estar», que era un sector de 62 estantes, y que lo halló en «un paquete que no correspondía con la fecha que figuraba recibido en el archivo en el sistema informático». Dijo que la búsqueda le llevó 40 minutos y que se había tomada esa tarea porque había visto a su padre llorar por la acusación en su contra en la causa.
La magistrada describió en el fallo «el estado de colapso y precariedad que rodeaba el funcionamiento del área de archivo» y que en la IGJ había una «práctica habitual del envío informal de los expedientes y su falta de registración». Puntualmente, señaló que se incumplía una resolución por la cual se debía asentar en un registro informático los movimientos de los expedientes. Por el extravío del legajo de «The Old Fund» responsabilizó a Mamberti y a Agüero.
«Agüero conocía las resoluciones adoptadas respecto de la registración de los movimientos de los legajos y pese a ello optaba por proceder de modo contrario», sostuvo la jueza y agregó que «tanto la falta de registro informático, como incluso la de un control manual que informara sobre las remisiones o envíos ´a pedido´, constituían parte de su responsabilidad».
«Tales acciones han posibilitado sin lugar a dudas, que el expediente fuera ocultado por más de cuatro años», concluyó.
Sobre Mamberti, señaló que sabía de las irregularidades que ocurría. «Conocía que la normativa vinculada al registro de movimientos de los legajos y trámites, no era cumplida fielmente», dijo Servini.
La magistrada explicó que durante la investigación no se supo quién fue el autor del ocultamiento del legajo y aclaró que ese expediente «no contaba con datos de relevancia que no surgieran de las imágenes protocolarizadas obrantes en el organismo o de otros trámites del mismo legajo», por lo que no perjudicó la causa Ciccone.
También fueron acusadas otras dos personas –la delegada administrativa Karina Bellizi y la secretaria privada de Mamberti, Sofía Santelli– que fueron sobreseídas porque no tuvieron responsabilidad en el extravío del legajo.
