Los procuradores de todo el país –los jefes de los fiscales de cada provincia – le pidieron al gobierno nacional la creación de nuevos delitos contra la violencia de género, agravar las penas en otros casos y el dictado medidas para mejorar el trámite de esas causas penales.
El planteo –plasmado en un documento que le presentaron al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano– es para salir de lo que entendieron es «la lentitud, imprecisión e insuficiencia con que el derecho penal» castiga los femicidios y la violencia de género, delitos con «víctimas especialmente vulnerables».
Los procuradores de las 23 provincias y de la Ciudad autónoma país se reunieron del miércoles al viernes en la ciudad de Buenos Aires en las «XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerio Públicos». Uno de los temas del encuentro fue la violencia de género y las conclusiones de lo que allí se trató se volcó en la nota que recibió Garavano.
«Pese al incremento de la alarma social generada por la violencia de género en la Argentina, no se ha reaccionado con una adecuada actualización del derecho penal de fondo, para optimizarlo como mecanismo orientado a confrontar con un flagelo de máxima prioridad», señala el documento al que accedió Infobae.
Los procuradores se basaron en la experiencia de los fiscales que trabajan en lo casos de violencia de género: un sistema con deficiencias, una legislación con huecos que benefician a los agresores y violencias que no están contempladas en ninguna norma como delito.
«Resultan sorprendentes la lentitud, imprecisión e insuficiencia con que el derecho penal de nuestro país ha reaccionado en estos últimos años ante la evidente necesidad de intensificación de protección de víctimas especialmente vulnerables, como son las que padecen a diario los efectos de la violencia de género en todas sus variedades», señalaron.
Para los fiscales generales la falta de reacción «ha contribuido al mantenimiento e incremento de los niveles de violencia». La estadística de la asociación civil «La Casa del Encuentro» marca que en 2015 se cometieron 286 femicidios, en 2014, 277 y en 2013, 295. Se trata del crimen de una mujer por su condición cada 30 horas.
Del encuentro participaron el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, la saliente la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, y el de Salta, Pablo López Viñals, especialista en violencia de género.
Los procuradores señalaron que países como España y Alemania ya adaptaron sus legislaciones para castigar todos los aspectos de la violencia de género y por ese le pidieron al Gobierno avanzar «con urgencia hacia una reforma de la parte especial del Código Penal».
Una de las propuestas es crear cuatro nuevos delitos:
– Acoso, acecho u hostigamiento: también conocido como «stalking», es la intromisión permanente en la vida de una persona. Los procuradores señalaron que el efecto de acoso en las víctimas se logra «con total facilidad, aplicando las nuevas tecnologías para producir intromisiones en la vida ajena que logran una relevante alteración de la paz de la víctima, mediante actos que individualmente carecen de relevancia penal».
– Sexting: es la difusión de imágenes o videos con contenido sexual sin la autorización de la víctima. «Se trata de conductas cada vez más extendidas y que afectan simultáneamente otros bienes jurídicos como la reserva sexual, el derecho a la propia imagen y el honor, lo que pone de relieve la inconveniencia de que su abordaje continúe efectuándose solo por vía de acciones civiles», señala el documento.
– Maltrato reiterado: es una figura para castigar la multiplicidad de casos. Proponen que cuando una persona sea condena por varios hechos de un mismo delito se le aplique también el maltrato reiterado o que la pena sea más severa.
– Agresiones físicas o psicológicas que hoy son consideras irrelevantes: empujones, zamarreos o golpes son considerados delitos cuando provocan lesiones y eso no siempre ocurre. Sin embargo, forma parte de la violencia de género y en muchos casos es así como se inicia. Eso tipo de violencia hoy no está contemplada en la ley pero es la que meritoriamente se da en los hogares. Lo mismo ocurre con el menosprecio de las personas a través de expresiones humillantes.
Los jefes de los fiscales de todo el país también pidieron medidas para proteger a las personas víctimas del abuso sexual. Hoy el Código Penal establece que ese delito se castiga cuando hay «violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio». Los procuradores señalaron que países de Europa han modificado su legislación para penar el abuso cuando «la víctima ha expresado perceptiblemente su negativa a mantener un contacto con el agresor», sin haya existido violencia por parte del agresor.
También entendieron que hay que agravar las penas cuando la violencia de género se da en presencia de menores, y cuando los agresores incumplen las órdenes de restricción sobre las víctimas.
Otro pedido es agravar las penas de algunos delitos cuando se dan en un contexto de violencia de género. Hoy eso pasa en los homicidios –que se castigan con el agravante de femicidio– o en las lesiones. Pero no hay agravante para las amenazas o la coacción, dos de los mayores delitos que se producen en el marco de la violencia de género. Lo mismo ocurre con la privación ilegal de la libertad.
Otro aspecto relevante del documento es lo que los procuradores entendieron que garantiza la «impunidad» de estos delitos. Por un lado, reclamaron que el plazo de la prescripción para los casos de violencia de género sea el doble y que los hechos de lesiones leves, amenazas o coacciones simples, no tengan que investigarse por una denuncia de la víctima, sino que de oficio el estado pueda intervenir.
Por último, los procuradores señalaron que debe establecerse como obligatorio la realización de tratamientos contra la violencia de género por parte de los agresores, sobre todo cuando la condena no se cumple en prisión.
