Con el triunfo electoral en las manos, los principales gremios y sindicalistas que apoyaron a la fórmula Fernández-Fernández, ya están a la espera por “ocupar los espacios de poder”, con los que aseguran se comprometió el ex jefe de Gabinete durante la campaña electora. Aunque, para poner la situación en su punto medio, el anfitrión también solicitó algunas cosas a cambio, más allá del apoyo logístico y económico.
Veamos.
Antes de las PASO Fernádnez logró juntar a los principales referentes de la CGT
Sin pelos en la lengua el primero en expresar públicamente los “cargos” a los que aspira el sindicalismo, tal como ya lo adelantó Infobae, fue Omar Maturano, el titular de La Fraternidad y miembro de Consejo Directivo de CGT. Lo hizo exactamente con estas palabras: “En el futuro gobierno los trabajadores debemos ocupar un lugar en organismos como el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) o la Anses. El país que viene no tendrá nada de alegre, porque transcurrirán sin duda dos años de sufrimiento”.
Estas y otras reparticiones, como el ministerio de Trabajo, direcciones o secretarías en el ministerio de Salud -Alberto Fernández ya expresó que le volvería a dar ese rango- y el ministerio de Desarrollo Social, son posiciones claves para el gremialismo, y así se lo hicieron saber.
El ahora electo presidente de la Nación -asumirá el próximo 10 de diciembre- no se quedó callado en los encuentros.
Él, o sus máximos allegados, como Santiago Cafiero, expresaron claramente que su gobierno necesitará mucho más que 100 días de “paz social”.
Ese no fue un tema menor. Si bien la mayoría de los dirigentes sindicales comprendían la posición de Fernández, la danza de fechas, como una hamaca, fue hacia atrás y hacia adelante.
De los seis meses que parecía se había consensuado, el candidato electo logró el compromiso de un año por parte, por ejemplo, de Hugo Moyano, el secretario general de los poderosos camioneros.
Moyano, aclaró este, hablaba por su gremio. Explicó que no podía hacerlo en nombre de la Multisectorial 21F que agrupa también a organizaciones sociales, como las combativas CTEP, una de sus cabezas visibles es Juan Grabois, el sector de Barrios de Pie que responde a Daniel Menéndez, y hasta a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Carlos Alderete, referente nacional también del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Dentro de esta amplia corriente sindical también se encuentra la CTA liderada por Hugo Yasky. El docente, que ya recibió el mandato de sus bases para gestionar el ingreso de la CTA a la CGT; le adelantó a Infobae, que “Alberto va a necesitar dos años de paz en las calles para sacar al país adelante después del descalabro que dejó la pésima administración de (Mauricio) Macri”.
Esa fecha, dos años, de “paz social” es impracticable.
La presión que recibirían de los más necesitados en, caso que en los primeros seis meses de gobierno, Fernández no consiga domar, al menos en un pequeño porcentaje, la inflación y la disparada del dólar, las calles volverán a ser el centro de los reclamos, como lo fue durante buena parte de la gestión macrista. Sobre todo los dos últimos años de gestión.
Por eso, los 12 meses pautado con el presidente de Independiente y referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), y posible ministro de Trabajo, fue muy positivo para el presidente electo.
A cambio Fernández se comprometió a no enviar al Parlamento iniciativas como la reforma laboral y previsional.
De todos modos, los dos sectores saben que algún tipo de reforma hay que realizar, la cuestión es la redacción que a estas se les dé, y la fecha.
Gremios como los agrupados en las “62 Organizaciones Peronistas”, entre otros, ya le expresaron, por ahora de manera sutil, que no se conformarán solo con el eventual ministro de Trabajo.
En los encuentros, a Fernández y sus espadas le hicieron saber que para ellos es tan importante o más, Direcciones y Delegaciones Regionales, que son las denominadas “Agencias Territoriales”.
Son la representación del ministerio de Trabajo y Empleo en todo el país. Se encargan, fundamentalmente del control del trabajo no registrado, y los conflictos laborales.
En total, son 41 Delegaciones Regionales. Once de ellas están ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
Dentro de la misma cartera, hay un organismo descentralizado apetecible para los sindicalistas, y sobre el cual Fernández y sus colaboradores no se expresaron ante la sugerencia gremial: La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Entre otros puntos salientes la SRT controla a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Estas son las que otorgan las prestaciones médico-asistenciales y de indemnización en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Es decir un área que no suele estar en el candelero pero dónde se maneja dinero y poder.
El actual ministerio de Salud y Desarrollo Social es otro de los “espacios” deseados por los gremios. Fernández ya prometió que desdoblará la cartera – unificada por el macrismo- y volverá a darle el rango ministerial y Salud, que hoy día es secretaría.
En Salud los gremios apuntan a sectores claves como el área de la cual dependen las obras sociales, entre ellas las sindicales y que es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y con la cual el gobierno de Cambiemos mantiene una deuda de unos 30.000 millones de pesos.
El hombre clave del sindicalismo en ese sector es José Luis Lingeri. De hecho, el secretario general de Obras Sanitarias, estuvo a cargo de la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anssal) en el gobierno de Carlos Menem.
Solo para comprender la importancia estratégica de este organismo una brevísima explicación: Cada trabajador sindicalizado aporta una parte de su cuota a la obra social gremial como parte de la Administración de Programas Especiales (APE).
Esos aportes van a un fondo que debe ser redistribuido en función de los casos de alta complejidad que atiende cada obra social, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer, la hemofolia o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Pero casi nunca estos aportes son abonados a las prestadoras de salud en cuanto se presentan las carpetas médicas.
El hombre de consulta clave de Fernández en Salud es Ginés González García, el médico que ocupo ese ministerio durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Dentro de la misma área, aunque por fuera de Salud, el PAMI la obra social de los jubilados – el quinto presupuesto del país-, es otro sector apetecible para el gremialismo, como ya lo manifestó Maturano.
Durante la rueda de Infobae con sindicalistas, un área hasta ahora no mencionada, apareció en escena. La secretaría de Deportes.
Si bien el nombre cantado para ese cargo parece ser el de Claudio Morresi, algunos gremios, sobre todo el de UTEDyC, verían con agrado ocupar algún espacio de poder allí.
Morresi ya ocupó esa cartera en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Llegó al cargo de la mano del entonces jefe de Gabinete, Fernández.
Hoy por hoy el exfutbolista nacido en las inferiores de Huracán, ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos a la legislatura porteña que lleva a Matías Lammens como aspirante a suceder a Horacio Rodríguez Larreta.
Como se ve, cada uno atiende su juego, aunque en este caso con bajísimo perfil.
El ministerio de Desarrollo Social es, junto a Trabajo, el área en disputa entre el gremialismo. Todos quieren poner una basa en la repartición. Según pudo conocer Infobae de fuentes inapelables, los principales sindicalistas del país, Hugo y Pablo Moyano, Héctor Daer, Antonio Caló, Sergio Palazzo, Omar Maturano, Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Linghieri, Roberto Fernández, Abel Frutos, Jorge Sola, entre otros, le expresaron, de una manera u otra al presidente electo sus intenciones de tener hombres de su referencia en el ministerio que podría estar estaría en manos de Daniel Arroyo, el diputado vinculado a Sergio Massa y con aceitados vínculos, no solo con los el mundo gremial, sino también con los movimientos sociales y otras organizaciones, como La Alameda, conducida por Gustavo Vera, un hombre muy cercano al papa Francisco, y que también forma parte de la multisectorial 21F.
Desde el ministerio de Desarrollo Social, y la ANSES se distribuyen casi el cien por cien de los 60 planes sociales distribuidos entre los más necesitados.
Manejar esa enorme caja es la aspiración de políticos y sindicalistas.
Desde la ANSES en el mes de agosto –el número aún falta ajustar- se destinaron unos cuatro mil millones de pesos solo por Asignación Universal por Hijo (AUH) y otro monto similar a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares(SUAF). La suma supera los nueve mil millones de pesos si se suman los aportes previsionales y subsidios por desempleo.
La importancia de ocupar cargos en la ANSES por parte del sindicalismo es solo una aspiración. En este punto, al menos hasta hoy, no hay compromiso alguno por parte de Fernández.
Hay otros espacios que son claves para los sindicalistas y así se lo hicieron saber en la previa a las elecciones que lo consagró como el nuevo inquilino de la Casa Rosada.
El ministerio de Trasporte y dependencias como la subsecretaría de Transporte Ferroviario, la subsecretaría de Transporte Automotor, Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante (maneja todos los puertos).
Lo que antes era la subsecretaría de Transporte Aerocomercial, que ahora está en manos del secretario de Trasporte, es otro espacio clave.
Allí los hombres de La Asociación Argentina de Aeronavegantes, conducida por Juan Pablo Brey, tienen puesto un ojo.
Ese cargo lo supo ocupar otro sindicalista, Ricardo Cirielli, el secretario general la Asociación el Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina (APTA).
Cirielli tuvo un paso tumultuoso por la administración kirchnerista, sobre todo después de las denuncias que este le realizara al entonces secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, hoy detenido por varios casos de corrupción y la tragedia de Once.
En el enorme listado de pedidos por ocupar espacios que recibirá, o que ya recibió a modo de sugerencia Alberto Fernández figuran, entre otras la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros y la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas
De manera directa y sin vueltas dirigentes de Camioneros, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (que conducía el hoy preso en su domicilio Omar “Caballo” Suárez) y ahora a cargo de Raúl Omar Durdos; y desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernández; dejaron saber a Infobae que sus gremios aspiran a ocupar algún lugar destacado en áreas del ministerio de Trasporte.
El área de Obras Públicas también figura en el listado de espacios a ocupar, pero allí aún no hay nada definido.
Además la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, está bajo dependencia de Ministerio del Interior. Es decir la cartera política del primer mandatario.
Una de las áreas más importantes en cuanto a la relación de la Casa Rosada, por ejemplo, con los gobernadores y la oposición.
¿Ahora que ganó, Alberto Fernández será un buen pagador?
