El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria por parte del padre no conviviente, tiene sus consecuencias legales, ya que se prioriza es el interés superior del niño.
Por esa razón, aquélla premisa está presente en todo el régimen de ejercicio de los derechos, así como también en el cumplimiento de deberes de los padres respecto de los hijos menores de edad.
En esa línea, se define a la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores respecto de la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral.
En tal sentido, el artículo 659 del Código Civil y Comercial establece que la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en lo que respecta a manutención, educación, vestimenta, esparcimiento, habitación, asistencia, gastos de enfermedad y los necesarios para adquirir profesión u oficio.
En lo que respecta las sanciones reales que recaen sobre los progenitores que incumplen con el deber de prestar alimentos, se pueden citar algunos ejemplos.
Uno de ellos fue la decisión de un juez de Familia de Corrientes, que le retiró el carné de conducir a un padre moroso, hasta tanto saldase las cuotas alimentarias impagas.
En tanto, un reciente fallo de la Justicia cordobesa prohibió a un hombre a salir del país hasta tanto haga efectivo el pago de cuotas de alimentos adeudadas. Además, se comprometió cumplir con el régimen de asistencia mensual que se había establecido.
También cabe mencionar que esta tendencia jurisprudencial se aplicó un Juzgado de Familia de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), cuando a un hombre se le prohibió el ingreso al San Isidro Club (SIC) porque debía la cuota alimentaria que debía abonarle a su ex pareja, con la que tienen en común tres hijos menores de edad.
Estos fallos sientan precedentes relevantes, en lo que refiere a las sanciones que pueden recaer en los padres, cuando incumplan su obligación de alimentos.
Asimismo, esta tendencia se practica en el Derecho comparado. Tal es el caso de la Justicia de México, que propone impedir que los progenitores incumplidores contraigan nuevas nupcias, tramiten licencias para conducir e incluso puedan acceder a créditos hipotecarios.
