Desde hace 16 años, los argentinos aportan con el pago de sus impuestos a una sociedad de actores y compositores que es administrada por figuras identificadas con el ultrakirchnerismo, como Pablo Echarri, Jorge Marrale, Martín Seefeld, María Fiorentino, Mora Recalde, Alejandra Flechner, Jorge D Elía, Tomás Fonzi y Andrea Pietra, entre muchos otros.
Lo hacen, la mayoría sin saberlo, cada vez que van al cine, viajan en transporte público o en avión, pagan la tarifa de un hotel y hasta cuando miran imágenes en un televisor en la vidriera de un casa de electrodomésticos o simplemente se toman un café en un bar y siguen las noticias en un televisor.
Esa plata aportada por el bolsillo de los argentinos es recaudada casi en línea por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI), cuyo presidente es el actor Jorge Marrale, y su tesorero, Pablo Echarri.
La SAGAI se había creado en 2006, ya con el kirchnerismo en el poder, y dos años después, Cristina Kirchner, a través a la resolución 181/2008, la convirtió en una caja multimillonaria.
Entre las numerosas resoluciones que Javier Milei busca adecuar se encuentra justamente la 181, presentada ampulosamente en su momento como de «Propiedad Intelectual».
A través de esa resolución, se establecieron «derechos retributivos que deberán abonar los usuarios por explotación, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma, de las interpretaciones actorales o de danza fijadas en grabaciones audiovisuales y otros soportes».
Es una caja casi infinita, aseguran cerca del Gobierno.
En 2006, mediante el decreto 1914, Cristina Kirchner otorgó a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI) la «representación dentro del territorio nacional de los artistas intérpretes argentinos y extranjeros referidos a las categorías de actores y bailarines en todas sus variantes, y a sus derechohabientes, para percibir, y administrar las retribuciones previstas en el artículo 56 de la Ley Nº 11.723 (propiedad intelectual) por la explotación, utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones fijadas en grabaciones audiovisuales u otros soportes».
A su vez, resolvió que la SAGAI quedaba autorizada como «entidad única para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales interpretaciones, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los actores y bailarines que las hayan generado, con observancia estricta de los principios de objetividad, equidad y proporcionalidad».
Antes, la SAGAI, apenas se constituyó, había «acercado» los aranceles que pretendía cobrar la nueva sociedad, que como se ve nació con estrella.
El encargado de poner en marcha todo este entramado que vio la luz en abril de 2008 fue el entonces secretario de Medios, Enrique «Pepe» Albistur, quien años después se convertiría en locador del departamento que habitó Alberto Fernández -luego presidente de la Nación- en el cotizado barrio de Puerto Madero, y esposo actual de la ex ministra de Desarrollo Social y diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
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