Lentitud en las resoluciones judiciales, concentración de delitos en centros urbanos, ausencia de grandes organizaciones delictivas y un enfoque puesto en el narcomenudeo.
Esta es la radiografía de los últimos tres años que arroja un resultado preocupante en el ámbito judicial: sólo un 2 por ciento de las causas iniciadas entre el 2014 y el 2016 por narcotráfico o delitos de contrabando en todo el país lograron una sentencia definitiva.
Los datos surgen de un proyecto de investigación denominado «Evaluación de las estrategias de prevención y control del narcotráfico» que elaboró el Ministerio de Seguridad sobre la información detallada de 2.555 sentencias judiciales en todo el país correspondientes al período 2014-2016.
El relevamiento, que se continuará en adelante con la estadística de todos los juzgados federales del país que llevan causas de narcotráfico y contrabando, permitirá demostrar en el futuro si la estrategia política del Ministerio de Seguridad diferenciada de la era kirchnerista sirvió para potenciar las causas de narcotráfico.
Por lo pronto, en este detallado trabajo de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Seguridad al que tuvo acceso Infobae permite sostener que «la relación entre causas iniciadas respecto a las sentencias analizadas oscila entre un 10% y un 0,24%, siendo el promedio nacional cercano al 2%».
También el estudio de las 2.555 causas sostiene que «el 77% de las sentencias corresponden a condenas mientras que tan sólo un 18% a absoluciones o sobreseimientos».
A la vez, el trabajo llegó a la conclusión de que el promedio nacional en materia de tramitación de causas es cercano a los tres años.
En lo que se refiere a las condenas y en consonancia con los tiempos promedio de tramitación de las causas, las sentencias dictadas durante el período 2014-2016 mayormente refieren a causas iniciadas desde el 2012 y el 2014.
«Este es un nuevo índice y herramienta de gestión contra el narcotrafico, en la medida en que se vaya reflejando nuestra política, se irán viendo los golpes a las organizaciones criminales y sentencias más fuertes», explicó a Infobae la ministra Patricia Bullrich que lideró este estudio estadístico para comparar en forma empírica el resultado de política criminal con la eficiencia judicial.
A la vez, la ministra de Seguridad detalló que «en la medida en que vaya impactando nuestra política, tendrán que ir avanzando las sanciones contra las organizaciones narco-criminales, y podremos verlas recién en el año 2020».
Uno de los ejes que parecerían marcar hacia futuro una diferencia tajante entre la política de seguridad del kirchnerismo y la actual es que los tipos penales mayormente aplicados son tenencia con fines de comercio (30%), transporte (28%), tenencia simple (17%) y comercio (10%).
En este sentido, el secretario de Seguridad, Gerardo Milman explicó a Infobae que «el dato de condenas concentradas en el delito del comercio de drogas y en un porcentaje bajo en el transporte, la organización o la producción indica que la política criminal del gobierno anterior no estaba concentrada en la cadena de grupos de narcotraficantes sino mayormente en el narcomenudeo».
Así, en el estudio de las 2.555 sentencias judiciales se pudo ver que las principales modalidades delictivas detrás de las condenas aplicadas se vinculan con bocas de expendio (31%), el ocultamiento de vehículos (21%), a tenencia simple en viviendas o locales (13%) y al ocultamiento en equipaje (13%) o cuerpo (7%).
Es decir que el cruzamiento de diferentes variables analizadas hasta el 2016 en las sentencias judiciales de narcotráfico permite concluir que «los esfuerzos en materia de persecución penal y policial en el período evaluado suelen concentrase en dos extremos: la comercialización minorista en conglomerados urbanos y el tráfico en zonas de frontera».
En el 98% de los casos evaluados la sustancia incautada en el procedimiento es cannabis o marihuana (35%), cocaína (30%) o ambas (24%). Sólo un 35 de las condenas están relacionadas con otras sustancias. Sobre este punto Milman también trazó una diferenciación con la gestión anterior en materia de política criminal. «Está claro que por diversos motivos antes no se incautaban drogas sintéticas que ahora estamos incautando de manera exponencial desde nuestras fuerzas de seguridad», dijo.
Otro dato llamativo que arrojó el estudio de estadísticas del Ministerio de Seguridad es que a diferencia de la creencia popular de que los menores son los que mayormente están involucrados en casos de narcotráfico los resultados son otros: las personas que obtienen condenas son mayormente hombres (78%), de entre 25 y 49 años (72%) y de nacionalidad argentina (77%).
En términos de agrupamientos regionales, el 70% de las personas que obtienen condena lo hacen en los grandes conglomerados urbanos y en las zonas de la frontera del NEA y el NOA. En el conurbano bonaerense también hay una gran concentración de condenas por narcotráfico registradas en su mayor medida en los municipios de La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Tigre, Moreno, San Martín y Ezeiza.
Los tiempos de condena se concentran mayormente en penas que van de los 4 a los 5 años, siendo mucho menores los tiempos de condena de menos de tres años o de más de seis.
En el análisis político que hicieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad de este relevamiento exhaustivo de las sentencias por narcotráfico se determinó que «antes se trabajó más en el consumidor y no en la cadena de organizaciones de narcotraficantes, a la vez que se vio una baja inteligencia criminal y poca efectividad en la política contra el narcotráfico».
Todo este relevamiento que se seguirá haciendo en el ámbito de sentencias forma parte también del plan Argentina sin narcotráfico que impulsa el gobierno donde puso mucho énfasis el Ministerio de Justicia en el refuerzo de juzgados del NOE y el NEA o del conurbano para atender especialmente causas relacionadas con los delitos vinculados a las drogas.
