El próximo martes 6 de marzo al mediodía se realizará el acto de inauguración del año judicial en el cuarto piso del Palacio de Justicia. En esa oportunidad el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti presentará un programa de reforma integral de los Poderes Judiciales de todo el país. Se trata de una política de Estado para transformar y modernizar el servicio de Justicia.
Luego del acto -a partir de las 15- los representantes de los fueros federal, nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires debatirán las propuestas. Por invitación de la Corte, los jueces de todo el país pueden enviar sus ideas para incorporar a este programa de transformación de la Justicia hasta el lunes 5 de marzo. Esta propuestas deben ser concretas y específicas sobre los temas que se tratarán en las Comisiones. Este debate se realizará el martes por la tarde, el miércoles durante todo el día y el jueves por la tarde.
En total son 9 comisiones que discutirán y elaborarán conclusiones sobre temas concretos:
También están invitados representantes de los empleados judiciales, de la abogacía y de las Facultades de Derecho del país. Las conclusiones del trabajo de las comisiones terminarán expresando la postura del Poder Judicial: sólo quedará convocar a los otros Poderes del Estado para consensuar el programa y comenzar el proceso de implementación.
Infobae adelantó cuáles serán los cambios que propone Corte Suprema entre los que figuran: la feria judicial, el horario de atención de los juzgados, la adopción de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión judicial, soluciones para la crisis del sistema carcelario, la creación de una oficina de investigación criminal, la implementación de los procesos orales en los fueros civil y comercial, entre otras.
Asimismo, se pondrá en marcha el expediente digital que agilizará los juicios y descongestionará la asistencia a los juzgados. Sólo como ejemplo de la relevancia de esta medida se puede mencionar que si se hubiera implementado con anterioridad, los juicios de los jubilados por diferencias de haberes habrían estado resueltos en no más de un mes.
Sin embargo, la administración de Cristina Fernández de Kirchner no quiso llevarlo a la práctica lo que trajo como consecuencia una mayor duración y la demora en el pago de las sentencias. El Máximo Tribunal le había propuesto al gobierno anterior digitalizar esos expedientes para que no demoren pero sólo encontró resistencia de parte de quien era la titular del Ejecutivo en ese momento.
El próximo martes, liderado por la Corte Suprema, se pondrá en marcha el programa para la implementación de una política de Estado que transforme de manera integral la Justicia.
