Por Luis Novaresio
El episodio de la empleada doméstica del ministro Jorge Triaca está tendiendo a resolverse públicamente a través de la insoportable y «yihadista» fórmula de la grieta argentina.
Los partidarios de Mauricio Macri creen que el funcionario está siendo perseguido cuando en realidad merece estar al lado de la estampita de San Cayetano, protector de los trabajadores. Los opositores (con especial énfasis el club de los no resignados por la derrota electoral) creen que Triaca es de los que viven antes de la ley de vientres de 1813, merecedor de la sanción a los infames explotadores de personas.
La grieta resuelve emociones. No el standard republicano. La grieta sacia la ira, la frustración, la envidia. No el deber republicano de dar cuentas de los actos de los funcionarios.
El episodio Triaca tiene, cuanto menos, tres aristas. El insulto del ministro a su empleada, la situación laboral en la que un secretario de estado tenía a una trabajadora doméstica y su eventual despido y el modo en que esa persona accedió a ser empleada de un sindicato intervenido por la gestión del mismo ministro.
Hasta ahora, Triaca solo abordó el primero de los temas. Emocionalmente. Pidió disculpas por el insulto. A partir de allí, el tema queda reservado a la consideración personal de cada uno. De la agraviada, primero, por ver si acepta las disculpas, del gobierno, que deberá evaluar si define esto como un exabrupto admisible o como un intolerable modo de proceder para quien es nada menos que el encargado de las relaciones laborales del país y, por fin, de cada uno de los ciudadanos de a pie que tendrán su opinión sobre los modos ministeriales. Casi podría decirse que luego de la disculpa, el tema está más cerca de las convicciones privadas que de la cuestión pública.
El resto, no. El resto, por ahora oscila entre el silencio y la brumosa emoción, otra vez.
Este caso permitirá saber cuánto le preocupa a Mauricio Macri aquella obligación republicana de dar cuentas de los actos de sus funcionarios.
Es que a Triaca lo acusan de tener a una empleada doméstica en negro, de haberla despedido de forma ilegal y de haberla «ubicado» en el sindicato SOMU intervenido por su ministerio como premio consuelo por la situación irregular con influencia ilegítima del funcionario. ¿Queda claro? No le imputan ser malo y puteador.
Eso, Triaca tiene que explicarlo puntillosamente. Tanto o más como el haberla insultado. En los órganos de control de la república y ante la ciudadanía en conferencia de prensa.
Por la respuesta ciudadana, hasta ahora, el ministro concedió alguna entrevista que enfatizó más el insulto que el saber si Triaca tenía una empleada en negro. Problema: debería explicarlo ante el ministerio de trabajo que él dirige. Por lo institucional, el ministro debería investigarse a sí mismo. Es su ministerio el que debería reclamar las constancias de inscripción y fin de la relación laboral. Raro.
Tener un empleado en blanco o en negro no es una cuestión de fe. Está inscripto en el registro de estado o no. Se hicieron todos los meses los aportes de ley o no. La despidió pagando la indemnización y tiene los recibos. Triaca no puede no exhibir esos comprobantes. Si la contrató el hermano para una quinta familiar, si realizaba otras funciones o si lo que sea, también. No es cuestión de discurso. ¿O cuando un ciudadano común es llamado por la AFIP por falta de pago del monotributo puede explicar la historia de su hermano olvidadizo? Triaca es un ciudadano común, por las dudas, pero con responsabilidad agravada por su estado de funcionario.
La tercera cuestión es cómo llegó Sandra Heredia a ser empleada del SOMU, sindicato del tristemente conocido «Caballo» Suárez, intervenido por el ministerio que hoy lidera Triaca.
Sobre eso, el ministro dijo poco y nada. Ya se sabe que en el sindicato (como en casi todas las reparticiones públicas) no hay concursos de antecedentes y oposición para ser empleado. Pero es raro que quien prestaba servicios en casa del ministro vaya a a parar (junto con otras personas de la misma sangre) como dependiente de un gremio tan ligado a la tarea de saneamiento de Trabajo. ¿Fungió el ministro de gestor de empleo de Heredia para evitarle su estado de desocupación? Si así fue, eso atropella toda norma de prescindencia ética de un funcionario.
Importa si Triaca insultó a Heredia. Aunque, a esta altura, queda el tema ubicado en la esfera personal de la agraviada y de lo que siente cada uno. Lo otro, no es sensitivo. Es republicano.
¿Tenía en negro el ministro a una empleada hasta antes de las elecciones? ¿La despidió según la ley que él mismo debe velar para que se cumpla? ¿Le consiguió un puestito en un sindicato en base a su cargo? Todo eso se explica de manera objetiva, con documentos y constancias. No subjetivamente, con la grieta y con la invocación de un unánime criterio de que el secretario de estado es buena persona. Para honrar eso mismo, Jorge Triaca tiene el imperativo moral e institucional de hacerlo. Por su honor y para mostrar que no se escuda en que todo pasa en materia de la tan reclamada transparencia institucional.
Objetivamente es la república. Subjetivamente, es la grieta.
De paso: ¿si no puede probar que actuó dentro de la ley con su empleada doméstica o no lo explica? Si es lo primero, tendrá él que recurrir a algún contacto para conseguir nueva ocupación. Si no lo explica ni el gobierno le exige que lo haga objetivamente y de manera pública, habrá sido otro síntoma grave de que las cosas cambian, un poquito, para no cambiar nada.
