Los imputados que acuden a la Justicia para negociar mejores condiciones o penas más suaves a cambio de pruebas y testimonios en el marco de la ley del arrepentido suelen hacerlo en causas de corrupción pública, narcotráfico, no en negociados multimillonarios que involucran recetas para remedios para la diabetes de jubilados.Esto, en términos judiciales, es otra cosa.
Este viernes, el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1 de Mendoza condenó a once personas por el delito de defraudación a la administración pública, un negociado que tuvo al PAMI como mayor víctima. En la lista de condenados hay dos empleados del organismo, Jorge Godoy Resa y Carlos Colombi Miralles, una empleada del ANSES, Rosmary Blangetti, y el contador José Godoy Torres, que recibieron penas penas de hasta cinco años y once meses además de inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos por una de las mayores engaños a una entidad de salud del Estado argentino en tiempos recientes.
El monto de la estafa, según fuentes del caso, llega a casi un millón de dólares.
Los arrepentidos que se plegaron a la ley y declararon en la causa, instruida por los fiscales Javier Arzubi -cabeza de la unidad fiscal de la Procuración dedicada específicamente al PAMI- y Javier Alcaraz, dos en total, recibieron mucho menos: dos años uno, un año y medio el otro. Sus aportes, aseguraron investigadores a Infobae, fueron cruciales para llegar a la condena, con la fiscal de juicio María Gloria André.
La maniobra para recolectar era, por llamarla de alguna forma, la versión médica dehacer votar a los muertos.
Comenzó en 2012, en farmacias de las afueras de la capital de Mendoza. Se sustrajeron recetas del PAMI para medicación para tratar la diabetes -principalmente tiras reactivas e insulina, con el costo totalmente cubierto por el organismo– a nombre de afiliados que no las necesitaban ni estaban diagnosticados como diabéticos. Así, las recetas eran vendidas en negro por fuera del sistema del PAMI.
Esta fue la primera fase: la banda, eventualmente, compró según la acusación en su contra dos farmacias para explotarlas y presentar estas recetas con sellos falsos de médicos además de troqueles de cajas de medicamentos falsificadas.
El acceso al PAMI desde adentro implicaba información privilegiada, robos de talonarios de recetas en blanco. Los condenados incluso usaron datos de afiliados ya fallecidos, los fiscales los cotejaron con el padrón electoral. Había, por ejemplo, un anciano de Quilmes Oeste, fallecido en 2006.
Las firmas en las recetas incautadas con membrete del INSSP tenían nombres demédicos reales, que las desconocieron, así como sus sellos: el contador Godoy cayó con 50 estampas de goma con nombres y matrículas profesionales de la salud.
La investigación incluyó líneas intervenidas, allanamientos a las farmacias truchas y a cajas de seguridad: la red había llegado hasta Córdoba y San Luis mediante envíos por encomienda que incluían insulina.
Fue precisamente en Córdoba de donde surgió el primer arrepentido, el encargado de recibir las encomiendas en esta provincia y venderlas allí. El segundo fue un farmacéutico también cordobés que llegó a Mendoza para trabajar en una de las farmacias truchas de la organización. Tenía un rol administrativo: instruía a otros en cómo presentar y cobrar las recetas adulteradas, lo que permitía seguir con más crédito legal para defraudar al INSSJP. Los imputados mismos pidieron ser arrepentidos, un trato que se gestionó con sus defensas.
Ahora, ¿cómo explicar este mercado negro de tiras reactivas e insulina? Los casos de troqueles falsos implican una venta simulada, donde jamás existió un producto físico, un negocio ficticio que generó dinero real. Arzubi y Alcaraz, por otra parte, saben de casos en otras jurisdicciones donde se investiga si esa insulina es vendida en países como Bolivia o Paraguay. Otra posibilidad es la insulina generada por facturas truchas sea reintroducida al mercado a través de otras droguerías y laboratorios.
«Pensalo así», asegura un histórico conocedor del mercado de la medicina: «Son remedios que son gratis de por sí. No son estrictamente para vender, solo se los volvían a cobrar al PAMI».
