Esta semana Ricardo Echegaray pasará por los tribunales federales de Comodoro Py en dos oportunidades. Acusado de proteger al empresario de obra pública Lázaro Báez mientras estuvo al frente de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), declarará este jueves. En tanto, al día siguiente deberá presentarse por haber señalado en 2014 que el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, poseía una cuenta en Suiza. En medio de una semana difícil para el ex titular del ente recaudador, Elisa Carrió solicitó a la Justicia que fuera removido de la Auditoria General de la Nación (AGN).
En sus recientes declaraciones, Leonardo Fariña apuntó contra el ex funcionario kirchnerista. El ex marido de Karina Olga Jelinek sostuvo que las maniobras de lavado de dinero que llevó a cabo el empresario patagónico «necesitaron la complicidad» del organismo que desde 2008 hasta 2015 dirigió Echegaray. «Podés tener una facturación apócrifa o una irregularidad fiscal siempre y cuando no te controlen», afirmó. Luego detalló: «La ley de procedimiento tributario dice claramente que para otorgar planes especiales de pago, donde a vos se te cae el plan, a la segunda cuota no se puede volver a levantar».
Sin embargo, según precisó el «valijero» de Báez, este no fue el caso. «Acá se les caían sistemáticamente y se les volvían a rehabilitar. Había contacto con la AFIP. Eso depende de la dirección de AFIP. Había lugares que no se podían tocar: ellos tenían un blindaje. Vos no podés simultáneamente levantar planes caídos, que es completamente ilegal, sin que te los autoricen. Es muy simple ver el delito», amplió durante el reportaje que concedió al canal de noticias TN.
En tanto, cuando, en la entrevista con el diario Clarín, se le preguntó si el financista Federico Elaskar debería estar preso, el joven contador respondió que la participación del ex dueño de la financiera SGI es «minúscula» y apuntó contra los funcionarios del kirchnerismo: «La cárcel no se la deseo a nadie. Pero sí a los que tienen el poder: a Cristina, a De Vido, y sobre todo a Echegaray».
Este jueves, Echegaray se presentará a declarar en la causa que lleva el juez Sebastián Casanello. El magistrado consideró que, tanto el titular del organismo como Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva, encubrieron la evasión de impuestos de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez. La firma utilizaba facturas apócrifas para evadir, algo que debía controlar la AFIP bajo la gestión de Echegaray. En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
A esto se suma que días atrás, un informe de la propia AFIP, hoy comandada por Alfredo Abad, le entregó al Casanello denunció que la empresa de Báez recibió protección del organismo fiscal que entonces presidía el funcionario kirchnerista en el caso de las facturas apócrifas de Bahía Blanca. Su jugada impidió que el entonces juez en lo penal económico Javier López Biscayart procesara a Báez en el marco de una denuncia que fue presentada por Elisa Carrió. El informe expone que, bajo el control de Echegaray, la AFIP omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión.
En este contexto, los diputados Carrió y Fernando Sánchez volvieron a pedir a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal que separe a Echegaray de la presidencia de la AGN. Ambos legisladores cuestionaron que continúe al frente del organismo «a pesar de contar con varias causas pendientes en su contra, por delitos vinculados con su reciente gestión en la administración pública». Además, agregaron que «no es posible admitir que ocupe el rol de control» ya que es «susceptible de ser considerado un traidor a la Patria».
El viernes también deberá prestar declaración, esta vez en el marco de una causa por falso testimonio. Prat Gay lo denunció a él, junto a otros funcionarios del organismo, por haberlo señalado como apoderado de una cuenta de la familia Fortabat en Suiza. En su presentación, el ministro sostuvo que quienes ventilaron la acusación mintieron al imputarle cuentas no declaradas a Fortabat, y a él como apoderado. Ese año, la AFIP había denunciado a 4.040 personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en Suiza y había estimado que la presunta evasión fiscal llegaría a 3.000 millones de pesos.
