«Estoy destrozado, lo quería como a un hermano», le dijo el empresario Lázaro Báez al periodista de Noticias, Nicolás Diana, luego del velatorio en el chalet de su amigo, Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010 por la noche. Báez aparece como una pieza central del universo económico que Kirchner construyó durante años con tanta dedicación. Y que Cristina heredó, siempre según fallos judiciales que han sido apelados.
Estaba acongojado y no era para menos. Entre 2003 y 2015, Santa Cruz fue la segunda provincia que más dinero recibió para obras públicas, solo detrás de Buenos Aires, y el 78,4 por ciento de esos contratos fue adjudicado a empresas de Báez por un total actualizado equivalente a 3.082 millones de dólares. Contratos que habrían tenido un sobreprecio promedio del 15 por ciento; es decir, más de 460 millones de dólares.
Fue el juez Julián Ercolini quien mencionó todos esos números al procesar a Cristina Kirchner, Báez y ex funcionarios —Julio De Vido y José López, entre ellos— porque habrían formado parte de «una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio en la provincia de Santa Cruz». «Un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales —durante doce años—, diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo», describió Ercolini el 27 de diciembre de 2016 en un extenso fallo —setecientas noventa y cuatro páginas— que fue apelado por los procesados. Además, embargó bienes de Cristina por una cifra inusual: 10 mil millones de pesos.
Convertido en la «década ganada» en uno de los hombres más ricos de la Patagonia, Lázaro Báez acumuló entre 2005 y 2015 un patrimonio que Guillermo Marijuan —uno de los fiscales que lo investiga— calculó en el equivalente a 177 millones de dólares. Sin embargo, fuentes de Río Gallegos aseguran que la fortuna de Báez es mayor, en parte porque varias de sus propiedades no estarían a su nombre sino de «palos blancos», como se llama allí a los testaferros. La cifra de Marijuan surgió del relevamiento realizado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que indicó que Báez compró cuatrocientas dieciocho propiedades en esos años, distribuidas en Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires y la Capital Federal. Nada mal para quien participó en la primera campaña de Kirchner a gobernador, en 1991, con un Ford Falcon modelo 1973. El candidato a vice, Eduardo Arnold, recuerda que «el auto de Lázaro tenía las cubiertas tan lisas que, cuando el asfalto estaba escarchado, lo único que hacía era dar trompos por lo cual había que dejar el auto en la ruta y llevarlo a él a su casa». «Hoy —cuenta Arnold—, Lázaro es multimillonario. Ya no tiene un Ford Falcon ’73 sino una flota de autos de lujo y de colección. Hasta aviones tiene».
Según el juez, Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después fueron los vértices de una asociación ilícita cuyo objetivo era robar dinero del Estado nacional destinado a la obra pública en Santa Cruz. Siempre de acuerdo con Ercolini, Kirchner asumió el gobierno y llenó los cargos relacionados con la obra pública con «distintas personas de su confianza para llevar adelante las maniobras del plan primigenio»; los conocía de sus tres mandatos en Santa Cruz. Y Cristina, por su lado, mantuvo la «estructura que Kirchner había montado» al asumir la Presidencia, el 10 de diciembre de 2007. No hizo cambios; estuvo de acuerdo con su marido y mentor; siguió con la «asociación ilícita» y el «plan primigenio».
Un ingrediente básico de esa «asociación ilícita» fue «la conversión formal de Báez en empresario de la construcción —quien previamente había pertenecido a otro rubro laboral como tesorero del Banco de Santa Cruz y con categoría impositiva de monotributista— para luego ser insertado en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado».
Eso ocurrió cuando Báez fundó Austral Construcciones SA, el 8 de mayo de 2003, apenas diecisiete días antes de que Kirchner asumiera en la Casa Rosada. En el fallo, Ercolini detalló los beneficios que el gobierno otorgó a Báez para que terminara concentrando casi el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a través de Austral Construcciones SA y de empresas afines, como Kank y Costilla SA y Sucesión de Adelmo Biancalani, cuya sede está en Resistencia. Entre esas prerrogativas, mencionó un «constante incumplimiento de los plazos de obra y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas». Además, nadie controlaba la calidad de las obras y si las hacía o no.
En ese sentido, el juez destaca que en los dos mandatos de Cristina, entre 2007 y 2015, Báez cobró el equivalente a 2.196 millones de dólares, el 11,4 por ciento del total de pagos realizados por Vialidad Nacional. Era el primero del ranking; ese dinero era el doble de lo que había recibido el contratista ubicado en el segundo lugar. Y que, cuando Cristina dejó la Presidencia, el único contratista al que Vialidad Nacional no le debía un peso era Báez. A pesar de que de las veintiséis obras que tenía en ejecución, en veintitrés no había cumplido los plazos previstos.
Tantos beneficios durante tantos años seguidos no alcanzaron para que brotara allí un empresario verdadero: Austral Construcciones SA no sobrevivió a la derrota electoral del Frente Para la Victoria. Ya en diciembre de 2015, entró en una crisis que condujo al cierre definitivo en mayo de 2016, trece años después de su fundación. Una parábola perfecta para cerrar el ciclo de quien, como subrayó Ercolini varias veces a lo largo de su sentencia, recién «devino en empresario de la construcción en el año 2003».
También el hijo menor de Báez recordó una comida con Néstor y Cristina en la estancia Cruz Aike. «En ese asado, estaba Osvaldo Sanfelice», dijo Leandro Báez al declarar ante otro juez, Claudio Bonadio, quien investigaba si una empresa familiar de los Kirchner —Los Sauces SA— era, en realidad, una pantalla para canalizar el cobro de coimas o retornos, como había denunciado la diputada Margarita Stolbizer. Osvaldo Bochi Sanfelice es el asesor y operador histórico de los Kirchner para sus negocios inmobiliarios; fue apoderado de Los Sauces SA y de otras compañías vinculadas. Creada el 7 de noviembre de 2006, Los Sauces SA administraba las propiedades de los Kirchner; sus dos clientes principales eran Báez y Cristóbal López, quienes alquilaban departamentos y habitaciones en hoteles de la familia presidencial para alojar allí a los empleados de sus empresas.
López fue otro empresario muy beneficiado durante la «década ganada», en el juego —ya tenía una red de locales a partir de su casino en Comodoro Rivadavia—, pero también en nuevos negocios, como el petróleo, la construcción y los medios de comunicación. Por esos alquileres, Báez y López pagaron a los Kirchner casi 26 millones de pesos entre enero de 2009 y el 31 de marzo de 2016.
El 4 de abril de 2017, Bonadio procesó a Cristina Kirchner porque formaría parte de «una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público, y el de negociaciones incompatibles». Y le prohibió la salida del país, aunque tampoco dispuso su prisión preventiva. Cristina apeló el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, al igual que los otros procesados; en un eventual juicio oral, se estima que podría ser condenada hasta a dieciséis años de cárcel.
Sus hijos, Máximo, diputado nacional, y Florencia, «cineasta y escritora», también fueron procesados ya que el juez consideró que «Cristina Elisabet Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que, luego de la muerte de su padre, ingresó Florencia Kirchner contando, a partir de allí, con poder de decisión sobre la sociedad».
Según el juez, el único objetivo de la creación de Los Sauces SA fue canalizar el dinero de coimas por «el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito».
Bonadio destacó que esa empresa «no tiene una sede real; no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la firma; sus empleados: Ángel Ramón Díaz Díaz es jardinero en la finca de la calle Mascarello 441 [el chalet de Cristina en Río Gallegos], y Florencia Kirchner, no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad». Bonadio procesó a un total de veintiuna personas, entre ellos Báez, López y Sanfelice, los tres como «organizadores» de la asociación ilícita, un escalón por debajo de los presuntos «jefes».
Si Ercolini investigó cómo los Kirchner habrían direccionado la obra pública para beneficiar al amigo Báez, Bonadio intentó descubrir cómo habrían hecho Báez y López para devolver a la familia presidencial parte del dinero presumiblemente ganado en forma indebida. Por eso, Bonadio señaló en su fallo que ambas investigaciones estaban unidas y sugirió que deberían integrarse en la causa de Ercolini una vez que las sentencias fueran ratificadas por la Cámara Federal.
