La reunión de abril pasado del Consejo del Salario determinó una suba en siete tramos para llevar el valor de entonces de $21.600 a 29.160 pesos desde febrero próximo con una instancia de revisión en septiembre. Una revaluación de 45% dejaría el piso formal de ingresos en 31.320 pesos, equivalente a la mitad del costo de una canasta básica de bienes y servicios.
En la CGT, sin embargo, el número no era hasta ayer una razón de desvelo. La cúpula de la central, que le reprocha a Alberto Fernández la demora en el cumplimiento de dos promesas que el mandatario hizo durante un almuerzo en la quinta de Olivos, advierte por la vigencia del mismo escenario que le dio al acuerdo de abril pasado una vida útil de apenas dos meses. Y apunta contra Guzmán por la porfía en mantener sin cambios la pauta inflacionaria del Presupuesto 2021. En ese sentido sospechan que si no se concreta una política más resuelta de control de precios el nuevo valor del salario mínimo, y también de las últimas paritarias, quedará también desactualizado en el corto plazo.
La central sindical pasó de las loas al ministro de Economía por su manejo de la deuda externa a las críticas constantes no sólo por una aparente desatención de las variables domésticas. Como reveló este diario semanas atrás, la impaciencia de los dirigentes se basa en el congelamiento de una resolución que depende de Guzmán y que debería inyectar 11.400 millones de pesos del Tesoro nacional en las obras sociales para compensarles el aumento de costos por las prestaciones brindadas a sus afiliados discapacitados durante la pandemia. Ese aporte lo comprometió Alberto Fernández a principios de mayo en el almuerzo que compartió con la “mesa chica” de la CGT en Olivos.
En esa oportunidad también confirmó que un decreto de necesidad y urgencia obligará a los trabajadores a permanecer por un año en sus prestadoras gremiales de origen antes de habilitarles los traspasos vigentes en la actualidad, otra normativa que quedó pendiente en medio de su circulación entre varios ministerios. Ambas demoras enrarecen el clima entre la administración del Frente de Todos y la central obrera con vistas a otra ronda del Consejo del Salario.
El sueldo mínimo tiene un alcance acotado respecto de los trabajadores formales. Se calcula que son unos 300 mil los que lo cobran por no estar regidos por un convenio colectivo de trabajo. Pero la mayor incidencia pasa por los planes sociales: al menos 900 mil beneficiarios del “salario social complementario” cobran la mitad de un sueldo mínimo ajustable en el Consejo, en tanto que otros 4,5 millones de planes se referencian también en esa variable más temprano que tarde.
Mariano Martín/Ámbito
