Llegaron en silencio, sin hacerse ver y sin un papel en el bolsillo. Los funcionarios del gabinete de Alicia Kirchner que arribaron ayer a Buenos Aires prometieron al Gobierno el armado de una «mesa de diálogo político» pluripartidario, en la que debatirán el «plan de readecuación fiscal» para salir de la grave crisis social que enfrenta Santa Cruz, y las reformas políticas que reclama la Casa Rosada, siempre con las elecciones de 2019 en mente.
Puntuales, el ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Donnini, y su par de Producción, Leonardo Álvarez, llegaron al primer piso del ex edificio del Banade, donde funcionan oficinas del Ministerio del Interior. Los esperaba el subsecretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, quien con órdenes del ministro Rogelio Frigerio esperaba el «plan de readecuación fiscal» que los funcionarios le prometieron, pero para hoy. En cambio, acordaron la formación de una mesa que compartirá en partes similares el costo político de cualquier ajuste (en planta de empleados, gastos u otro ítem) que deba realizar la provincia.
«Quedaron en que [el plan] lo presentaban hoy», afirmaron a LA NACION cerca de Frigerio, con relación al plan fiscal «con metas y objetivos de acá a 2019». Atado a ese plan está el crédito del Banco Nación solicitado por la provincia de los Kirchner, en principio unos $ 900 millones, pero que podría ser menos, dado el «riesgo crediticio» que supone una provincia que debe sueldos de marzo (febrero en algunos casos) a estatales, docentes y jubilados, entre otros.
El Gobierno festejó la conformación de la mesa de diálogo (participarán el FPV, el PJ y la coalición que encabeza la UCR) porque allí se debatirán temas que le interesan: el fin de la ley de lemas, que le permitió a la cuñada de Cristina Kirchner sumar los votos de Daniel Peralta para derrotar a Eduardo Costa, y tal vez el fin de la reelección indefinida en la provincia. Una cláusula que le permitió a Néstor Kirchner gobernar durante 12 años ininterrumpidos, y mantener su influencia en los gobiernos que le siguieron.
Desde Santa Fe, donde se reunió con el gobernador Miguel Lifschitz y se reunió con dirigentes de Cambiemos, Frigerio siguió de cerca la negociación. Tampoco estuvo ajeno, desde Washington, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, según fuentes oficiales.
Números en rojo
En lo que hace a los números, el Gobierno espera que Santa Cruz le diga cómo va a refinanciar los $ 7500 millones que le debe al Estado nacional. Espera incluir (en el plan de los santacruceños, o en la mesa de diálogo) algún tipo de reforma de la caja jubilatoria, deficitaria y con asignaciones asombrosas, como la que percibe el actual director del Banco de Santa Cruz, Carlos Zannini. «No les decimos lo que tienen que hacer ni dónde ajustar. Pero tienen que mostrar cómo van a llegar a la convergencia fiscal en 2019», contestaron, lapidarios, en el gobierno de Macri.
Tal vez por tratarse de Santa Cruz, la reunión se manejó con inusual secretismo. Donnini, que fue funcionario de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, esquivó a periodistas y fotógrafos sin dejar rastros, tanto a su llegada como a la salida, una hora después. No hubo forma de confirmar si efectivamente enviarán hoy su plan a la Casa Rosada.
Más allá de los matices, la de ayer tampoco fue una gran jornada para el gobierno de la provincia patagónica. La Corte Suprema condenó a la administración de Alicia Kirchner a pagar casi $ 1,6 millones a ATE, más intereses, por aportes sindicales impagos. La provincia adujo que había pagado una parte de esa deuda (contraída durante el gobierno de Daniel Peralta) y que los fondos públicos eran «inembargables», pero la Corte -presidida por Ricardo Lorenzetti- no tuvo en cuenta esos argumentos y dejó efectivo el fallo.
Jaime Rosemberg/La Nación
