El Gobierno no ocultó su satisfacción por el comunicado que emitió la Corte Suprema de Justicia aclarando que el juicio oral a los procesados en la causa «Vialidad», en donde se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirhcner, arrancará en la fecha prevista y su objetivo al solicitar el expediente era solo custodiar las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos. «Es de gran importancia para la imagen de la Argentina en el mundo», dijo uno de los principales asesores del Presidente en la materia, en diálogo con Infobae.
El texto se conoció cuando se estaba desarrollando la reunión de Gabinete nacional en el salón Eva Perón, pero al Presidente le habían avisado minutos antes que ese comunicado era inminente y que solo había que esperar que los miembros de la Corte acordaran un texto.
En la conferencia de prensa que se realizó después de la reunión de Gabinete, ante una pregunta al ministro de Justicia, Germán Garavano, acerca de cuál había sido la reacción del Presidente ante la noticia, contestó: «No se llegó a analizar específicamente la comunicación que emitió la Corte a través del CIJ, porque la vimos recién al salir de la reunión, pero al arrancar (la reunión de Gabinete) el Presidente expresó que le había generado preocupación la reacción que le generaba a la población la sensación de impunidad y cómo podía afectarle al mismo Poder Judicial en su credibilidad».
Sin embargo, otros participantes del encuentro confirmaron que el texto llegó en el último tramo del encuentro, seguramente cuando ya había sido publicado, lo que provocó una gran tranquilidad entre los ministros y las máximas autoridades legislativas del oficialismo. «Bien», fue todo lo que dijo Macri, y pidió continuar con la agenda que estaba prevista.
La celeridad con la que actuó la Corte hace suponer que el Gobierno mandó mensajes en un tono inusual al máximo tribunal. De hecho, ayer mismo Marcos Peña convocó a una reunión en la Residencia de Olivos en las primeras horas de la mañana al ministro de Justicia, con el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, y el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, para discutir la inesperada maniobra judicial. También fue convocado Fabián Rodríguez Simón, pero avisó que estaba de viaje fuera del país y solo mandó varios consejos vía WhatsApp.
Con el correr de las horas, los funcionarios del Gobierno percibieron que la indignación escalaba a límites que hacía tiempo se desconocían y voluntarios del espacio propusieron convocar a un cacerolazo por la noche, mientras distintos abogados se dispusieron a organizar una manifestación que debería concretarse la semana próxima y que, en principio, ya fue desestimada.
Ante los periodistas, Garavano explicó: «El juicio oral es el momento donde se realiza la justicia, es el momento más importante en la Justicia penal, y es algo que es una de las deudas que tenía la Justicia penal con la ciudadanía, es donde el fiscal tiene que acusar y demostrar que una persona cometió un delito y es la máxima expresión del derecho de defensa y el derecho de toda la sociedad de ver si una persona cometió ese delito o no».
Agregó: «Es importante que el juicio se pueda realizar, incluso para las personas que están imputadas en el proceso, porque están todas las garantías del derecho a la defensa garantizadas».
El ministro de Justicia dijo que no podía saber si la Corte cambió de posición después de algunas protestas. «La Corte había tomado una medida neutra que podía provocar la suspensión del proceso, pero hoy clarificaron esa posición», reflexionó. «Lamentablemente, Argentina viene de una historia de fuerte impunidad no solo en este tipo de delitos, sino también en otros, y lo que demostró la gente con la reacción es que esto preocupa y provoca gran sensibilidad, sobre todo con el esfuerzo que están haciendo los argentinos por años de corrupción que estamos pagando ahora».
Ante la consulta de si el origen peronista de tres de los miembros de la Corte puede haber sido motivo para la decisión que ayer tomó la Corte, el senador Federico Pinedo, también presente en la rueda de prensa, dijo que «no hay gorilismo judicial, y el peronismo es parte esencial del sistema democrático de la Argentina, así que cualquier persona que tenga los principios de la Constitución puede ser juez y solo tiene que actuar con imparcialidad de criterios porque la ley es más importante que las personas en nuestro sistema constitucional».
Al respecto, Garavano expresó: «Yo quiero creer que no, que esto no condiciona a ninguno de los jueces en su actuación, porque deben fallar conforme a la ley y al derecho, más allá de la pertenencia partidaria que hayan tenido. El gran desafío es fallar en tiempo y según la ley, como todas las reformas profundas llevan tiempo y pese a que algunos lo quieren eliminar, y otros dicen que los jueces tendrán que rendir cuenta por sus sentencias, todos exabruptos que no le hacen bien al sistema democrático».
