Con una muerte que se declaró por abandono, la Justicia cerró los dos frentes que buscaban sostener la versión más favorable para Amado Boudou sobre el dinero del «caso Ciccone». Ahora el ex vicepresidente ya no cuenta con alguien que afirme ser el financista que aportó los millones de dólares para que la misteriosa sociedad The Old Fund comprara la imprenta Ciccone Calcográfica.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, fue la encargada de complicar así la defensa de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele. Y lo hizo durante el último semestre con un trabajo de pinzas sobre dos expedientes.
El primero fue el amparo que en 2013 inició el ex banquero Raúl Moneta contra la AFIP. Afirmó ser el financista detrás de The Old Fund por medio de la sociedad panameña Mayer Business Corporation, y planteó que la expropiación de Ciccone Calcográfica lo perjudicaba porque se quedaría sin cobrar los supuestos $ 35 millones que decía que le había prestado a The Old Fund, cuyos dueños permanecen en las sombras, con las acciones de la imprenta como garantía.
Sin embargo, dos años y medio después, en diciembre de 2015, Moneta se bajó de su reclamo. Su abogado presentó un escrito para desistir del amparo y, desde entonces, apenas se limitó a pedir que las «costas» del juicio se repartieran por igual entre él y el Estado, sin suerte.
«Corresponde que la actora [por Moneta] cargue con las costas del desistimiento que formula», terció la jueza Biotti, en una resolución del 21 de junio, con la que dio un golpe definitivo a la movida que buscaba favorecer a Boudou y al verdadero financista, que también sigue sin aparecer, pero que los investigadores judiciales sospechan que podría ser el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo.
Semanas antes, la jueza había dado el primer golpe a la coartada, en otro juicio. Fue entre marzo y abril, cuando en el caso «The Old Fund c/ Estado Nacional-AFIP», declaró la «caducidad de instancia» y cerró el expediente porque Vandenbroele, dejó de impulsarlo.
Vandenbroele ni siquiera se presentó como presidente de The Old Fund para pagar los $ 69,67 que esa sociedad adeuda en concepto de «tasa de justicia», por lo que la jueza dio la siguiente orden: enviar ese expediente al archivo. Tras pasar varias semanas detenido en Mendoza por el pedido de extradición que cursó la justicia uruguaya por presunto lavado, para cuando llegó la orden de la jueza Biotti, Vandenbroele lidiaba ya con asuntos más urgentes para defender su libertad, como la elevación a juicio oral de la investigación penal que instruyó el juez federal Ariel Lijo.
La «ruta del dinero»
Esta semana, la Cámara de Casación rechazó los recursos que presentaron Vandenbroele y Núñez Carmona en un último intento por retrasar la investigación y provocar la nulidad de algunos tramos de la causa, que comenzó en 2012.
Ahora, mientras Boudou, su socio y su presunto testaferro se encaminan al juicio oral, el juez Lijo avanza ahora sobre otros tramos de la operatoria, que abarcan a los entonces titulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y de la Casa de Moneda, Katya Daura.
Lijo también ordenó un peritaje contable sobre Boudou, sus familiares y su entorno directo y debe resolver los pasos a seguir sobre el ex responsable de la nueva Ciccone y colaborador de los Brito, Máximo Lanusse, entre otros.
Moneta quedó, por el contrario, más alejado de Comodoro Py por sus serios problemas de salud y a medida que su supuesto rol como financista de The Old Fund cosechaba reveses. Entre otros, un juez en lo comercial, Javier Cosentino, el síndico de la quiebra de Ciccone, Martín Stolkiner, el entonces titular de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, el Banco Central (BCRA) y la Justicia uruguaya expusieron inconsistencias, nulidades y falsedades en la versión que el banquero amigo de los Brito ofreció sobre la supuesta «ruta del dinero». En la práctica, Moneta y su sociedad panameña Mayer Business Corporation sirvieron de pantalla para ocultar a los verdaderos financistas.
Denuncian irregularidades
El Tribunal de Cuentas bonaerense detectó irregularidades en el destino de $ 200 millones que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández entregó al entonces gobernador Daniel Scioli para salvar de la quiebra a Cresta Roja, reveló anoche el programa La Cornisa, de Luis Majul. El organismo advirtió que no se presentó ningún plan de salvataje ni hay detalles de la operación.
Fuente: la nación
