Ya nadie asegura la permanencia de Ricardo Echegaray como presidente de la Auditoría General de la Nación, el que debería ser el principal órgano de control del gobierno nacional. Los diputados de Cambiemos quieren que le hagan un boicot en la AGN. Elisa Carrió envió cartas a la vicepresidente y titular del Senado, Gabriela Michetti, y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que lo echen. El Gobierno, incluso, admitió que si es procesado va a impulsar su remoción y hasta en el peronismo y el massismo le bajaron el pulgar.
Todo se precipitó en las últimas horas por un nuevo pedido de indagatoria que el fiscal Gerardo Pollicita presentó ayer por su actuación como jefe de la AFIP de Cristina Kirchner. Lo acusan de complicidad con la evasión y el fraude de la empresa petrolera Oil, maniobras que alcanzarían los 8.000 millones de pesos que aún el Estado demanda que pague. «Asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado», son los delitos que le achacan.
La indagatoria solicitada por Pollicita agrava la ya de por sí delicada situación judicial que enfrenta Ricardo Echegaray, luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo citó por la actuación en el caso de la denominada «ruta del dinero K», por el que se trata de determinar si Lázaro Báez, el empresario patagónico de la obra pública y socio en empresas de la familia Kirchner, cometió los delitos de lavado de dinero y evasión.
Al actual presidente de la Auditoría lo complica su actuación como jefe de la AFIP de Cristina Kirchner, al punto que su salida del cargo no es descartada por nadie. Hasta surgen nombres para su eventual reemplazo. Hasta ahora, el único apoyo que mantiene Echegaray es el de la ex presidente, que desde que volvió a Buenos Aires para declarar en la causa por el negociado del dólar futuro busca blindarse políticamente con un ritmo febril de reuniones y críticas a la gestión de Mauricio Macri. Pretende ser la jefa de la oposición.
Pedido de remoción y boicot
Elisa Carrió fue la punta de lanza contra Ricardo Echegaray, mientras desde el gobierno nacional indicaron que hay «consenso» en avanzar en ese sentido si el ex titular de la AFIP es procesado. La legisladora les solicitó vía carta a Monzó y Michetti, la remoción del ex titular de la AFIP, mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, indicó que desde el Ejecutivo «el consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción».
En sintonía se expresó Michetti: «De acuerdo a la ley cualquier persona que tenga proceso pendiente se le pedirá la renuncia porque no puede estar al frente de la Auditoría; hoy no está en ese proceso». Además, solicitó junto a los diputados del interbloque Cambiemos Nicolás Massot y Mario Negri que los auditores generales de la Auditoría suspendan «cualquier eventual próxima reunión del Colegio de Auditores» hasta que se dé cumplimiento del pedido de indagatoria de Echegaray ordenada por Casanello para el próximo 3 de mayo.
En su misiva, la diputada nacional por la Coalición Cívica ratificó que este avance judicial es «una causal más de inconducta grave» por parte de Echegaray, y consideró que «resulta insostenible» que continúe al frente de la Auditoría, por lo que solicitó su impugnación, al tiempo que cuestionó que el ex funcionario kirchnerista «carece de la más mínima idoneidad moral» para ocupar su cargo.
«Ricardo Echegaray ha utilizado su cargo para cometer delitos o para encubrir y/o facilitar delitos cometidos por terceros», aseguró Carrió, y agregó que se trata de «hechos que finalmente, en
estos días, se ventilan en los tribunales federales en lo criminal y correccional de la calle Comodoro Py». Según la dirigente, una persona «que acumula día a día procesos judiciales pendientes» no puede estar al frente de la AGN.
El Gobierno toma distancia
Peña, por su lado, expresó que las autoridades del Congreso «vinieron discutiendo» la situación de Echegaray, y ratificó que «el consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción». En una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras la habitual reunión semanal de Gabinete, el funcionario remarcó que es «muy importante ser respetuoso de los pasos institucionales y de la investidura de quien ocupa ese lugar», pero subrayó que «vamos a seguir con mucho interés» el tema.
El jefe de ministros, luego de aclarar que «le ocupa a las autoridades parlamentarias» esa situación, y que «le corresponde al Partido Justicialista ese cargo», por ser primer bloque opositor, dijo estar al tanto de que «se está discutiendo en el Congreso en las últimas semanas, por parte de varias fuerzas políticas», la situación judicial del ex titular de la AFIP durante la gestión kirchnerista. La semana pasada, las declaraciones judiciales del «arrepentido» Leonardo Fariña, que estuvo preso durante dos años por evasión fiscal agravada, derivaron en la citación a indagatoria (como sospechoso) de Echegaray.
Sin aval del peronismo no K
La permanencia de Ricardo Echegaray se complicó aún más, debido a que desde las filas del peronismo quedó expuesta su soledad. Como un cuerpo extraño, el PJ oficial que no está alineado a Cristina Kirchner –sobre todo el que responde a gobernadores e intendentes- no emitió una sola señal de apoyo ante la embestida política y judicial.
Y el bloque justicialista en Diputados, de Diego Bossio y del mecánico Oscar Romero, como el massismo empezaron con sigilo a conversar sobre un candidato de reemplazo. Diversos voceros dejaron trascender que no estarán comprometidos en defender a ex jefe de la AFIP, que llegó a la AGN por un pedido expreso de Cristina Kirchner. Fue una exigencia que los líderes peronistas territoriales tuvieron que aceptar, pese a que ellos impulsaban a Eduardo Fellner, último presidente del PJ y el ex gobernador de Jujuy que perdió la reelección.
Infobae
