Las actividades desarrolladas por la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM), permitió observar una leve y sostenida disminución de casos de violencia en los últimos tres años, acciones que están fundadas en los lineamientos de gestión impulsados por el Superior Tribunal de Justicia.
Desde la apertura del organismo, en agosto de 2010, la trazabilidad de las actividades desarrolladas por el equipo interdisciplinario refleja que la comprometida atención al público, como las acciones preventivas de este flagelo, logra marcar la positiva tendencia.
Según los datos recabados cuidadosamente por el organismo, en los primeros años de gestión se registraban más de 1.000 casos anuales, mientras que en los últimos tres años los guarismos estuvieron por debajo de esa cifra.
Esta evolución favorable de las estadísticas es resultado de una gestión comprometida, no sólo con las personas que cotidianamente concurren al organismo en busca de asesoramiento y contención, sino con los diferentes trabajos que se planifican y desarrollan de acuerdo con los nuevos paradigmas.
En ese sentido, deben destacarse el dictado de talleres y capacitaciones en distintos barrios e instituciones de la ciudad Capital; la creación de Unidades Móviles de Atención que desplieguan su labor en el interior de la provincia; acuerdos y trabajos interinstitucionales con dependencias estatales y ONG abocadas a la temática.
A todos estos logros, se suma la reciente propuesta de elaborar un “Protocolo de Intervención en casos de Violencia de Género”, con la participación de organismos vinculados con esta problemática.
En otro orden, es importante resalar que hasta el mes de agosto del corriente año, los casos de violencia denunciados por hombres y mujeres mantienen una importante diferencia, ya que las promovidas por el género masculino representan sólo el 2% del total.
En cuanto al tipo de violencia, es encabeza por la de índole psicológica, con el 20% del total de casos; seguida por la física con el 18%, la simbólica 15%; la económica 14%; la social y ambiental con un 12% cada una y la sexual 9%.
De esta forma, el Poder Judicial provincial, por medio de una comprometida gestión, busca brindar una rápida y efectiva atención de las diversas problemáticas sociales que se plantean a diario en los Centros Judiciales de la Capital e interior.
