Sebastián Piñera urgió al Congreso a aprobar un proyecto de ley que permitiría a las FFAA proteger la infraestructura clave del país

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó este miércoles que el Estado no cuenta con fuerzas de seguridad -policías y carabineros- suficientes para mantener el orden en un país que atraviesa protestas constantes desde hace 41 días. Ante ello, el jefe de Estado urgió al Congreso a aprobar una serie de proyectos de ley con el objetivo de restaurar el orden público, entre los que se destaca uno que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura considerada clave.

“Llegó la hora de decir ‘¡basta!’. El Gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho«, expresó Piñera en un discurso pronunciado fuera del Palacio de la Moneda. El mandatario aludió al tema tras una jornada de actos vandálicos en distintos puntos del país que incluyeron el saqueo e incendio de un hotel con pasajeros y empleados en La Serena -en el norte del país-, ataques a tiendas y cortes de rutas.

La analista Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago, dijo a The Associated Press que “efectivamente la policía ha demostrado limitaciones efectivas para enfrentar la ola de violencia en Chile, especialmente dados los informes de derechos humanos que evidenciaron el uso excesivo de la fuerza.

El objetivo del proyecto, según indicó Piñera, radica efectivamente en “liberar cientos de carabineros para que puedan cumplir su labor y mantener la seguridad ciudadana”. Además, anunció que se reintegrarán a la fuerza ciertos efectivos de las fuerzas de seguridad que se habían retirado y se adelantará el egreso de “2.505 carabineros y policías”.

Dentro de los próximos 60 días tendremos 4.534 policías adicionales y carabineros. Llegó el momento de que todos nos unamos en forma categórica en nuestros compromisos y voluntades para combatir la violencia y fortalecer nuestra democracia. La violencia puede causar un daño irreparable al cuerpo y el alma de la sociedad. Y la democracia tiene el deber de defenderse de enemigos como lo son aquellos que usan la violencia contra la sociedad”, agregó el mandatario quien, en otro pasaje de su alocución dijo que Dijo que “la delincuencia organizada le está causando un grave daño al país” y que desde el estallido social del 18 de octubre la “ola de violencia” ha dejado 2.210 policías heridos, 188 cuarteles y 971 vehículos atacados.

Miles de comercios, grandes y pequeños, han sido saqueados, muchos de ellos sin que la policía llegara al lugar para impedirlo. El ministro de Defensa, Alberto Espina, reiteró los dichos de Piñera y aseguró en el Congreso que los policías están “absolutamente sobrepasados” frente a una “situación crítica”.

Los otros proyectos enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo proponen endurecer sanciones a quienes realicen saqueos o monten barricadas, y también “sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo cometa lo haga ocultando su rostro”.

“Estos proyectos son absolutamente urgentes y necesarios”, ha afirmado. “Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal que hemos conocido las últimas semanas”, expresó el mandatario.

Miles de jóvenes llevan más de un mes manifestándose en las calles de Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Miles de jóvenes llevan más de un mes manifestándose en las calles de Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El llamamiento de Piñera ha tenido una primera respuesta. Los partidos Socialista, Radical, Por la Democracia y Democracia Cristiana han emitido un comunicado conjunto, suscrito también por el diputado liberal Vlado Mirosevic, en el que condenan la violencia. “Nada justifica estos ataques que han generado una sensación de desgobierno y temor”, han considerado.

Además, han señalado que «los ataques incendiarios y los saqueos no solo son repudiables, sino que desmovilizan la protesta pacífica», por lo que «quienes se aprovechan de las movilizaciones pacíficas para cometer delitos deben ser aislados».

Al mismo tiempo, han instado al Gobierno a “cumplir con su responsabilidad de mantener el orden público” para frenar “la espiral de violaciones a los Derechos Humanos y la violencia irracional”.

EuropaPress y AP/Infobae

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