Las próximas semanas serán centrales en el futuro judicial del empresario Lázaro Báez, detenido desde hace un mes y medio. Por un lado, la Cámara Federal debe resolver si confirma su procesamiento por los USD 5.100.000 que se ven en las filmaciones de la financiera S.G.I. Y el juez Sebastián Casanello determinará si lo procesa por otro caso de lavado de dinero en el que Báez declaró la semana pasada.
Ambas decisiones llegarán entre la semana que viene y fin de mes, informaron a Infobae fuentes judiciales. Así, junio será un mes en el que Báez tendrá un panorama más cierto sobre su futuro: o más complicado o con alguna buena noticia desde los tribunales de Comodoro Py, desde donde solo ha recibido malas.
La defensa de Báez presentó hoy un escrito en la Sala II de la Cámara Federal en el que solicitó que se anule su procesamiento, se le otorgue la libertad y que se levante la inmovilidad y congelamiento de sus cuentas bancarias y el embargo sobre sus vehículos y bienes.
Báez objetó así el procesamiento que le dictó a mediados de abril el juez Casanello por el delito de lavado de activos. El magistrado consideró que Báez era el dueño de los USD 5.100.000 que se ven en las filmaciones de S.G.I y que obtuvo de la evasión de impuestos en el uso de facturación apócrifa.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah deben resolver si confirmar ese procesamiento junto con el de Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, el asesor Fabián Rossi, el dueño de S.G.I, Cesar Fernández, y el dueño de la empresa «Top Air», Walter Zanzot, quienes aparecen en los videos contando los millones de dólares.
Los magistrados que deben resolver son los mismos que hace un mes le negaron la libertad a Báez y que le ordenaron al juez Casanello que profundice la investigación sobre los bienes del empresario.
Por otra parte, Casanello acusa a Báez de un segundo caso de lavado: el ingreso a su empresa Austral Construcciones de 208 millones de pesos mediante la autocompra de bonos de la deuda pública y que ingresaron a través de la firma «Helvetic Service Group».
Por eso hecho también están imputados Martín Báez; el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; Eduardo Larrea y Claudio Bustos, también de la empresa; y el apoderado de «Helvetic», Marcelo Ramos, quien está prófugo de la justicia.
La última indagatoria fue el jueves pasado y ya corre el plazo de los 10 días que tiene el juez para resolver si procesa, sobresee o les dicta la falta de mérito a los imputados. La resolución será la semana que viene.
En su declaración que hizo por escrito, Báez dio muestras de su poder de fuego político: puso sobre la mesa en nombre de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y su socio en algunos negocios de la obra público, y acusó de irregularidades en la licitación de obras públicos al Ministerio de Planificación Federal, entonces a cargo de Julio De Vido.
Báez espera las dos decisiones de la justicia en un pabellón del módulo seis de la cárcel de Ezeiza, donde está detenido desde el 5 de abril pasado.
