Sin la ley sobre cepo laboral, el oficialismo definió la próxima agenda parlamentaria

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Si bien hubo un largo debate de más de tres horas en una comisión conjunta de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo donde se definió cuándo tendría dictamen la ley de despidos que ya tiene media sanción en el Senado, el Gobierno sigue con su plan de dilatar su tratamiento en Diputados. Quedó demostrado luego de que decidieran la agenda parlamentaria para las próximas semanas sin incluir la iniciativa de la oposición.

Del encuentro que definió los temas participaron Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, y los presidentes de los bloques del PRO, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri, y de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, que conforman el interbloque Cambiemos. A ellos se les sumaron los diputados Fernando Sánchez (CC-ARI), Jorge D’Agostino, Silvia Lospennato, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina (Unión PRO).

En la agenda legislativa figura el proyecto de Primer Empleo, que el martes de la semana pasada anunció Mauricio Macri y que establece subsidios y exenciones impositivas a empresas para promover el ingreso de los jóvenes entre 18 y 24 años al mercado laboral.

También figuran los proyectos de devolución del IVA y Acceso a la Información Pública, y la constitucionalización del Tribunal de Defensa de la Competencia. Para este último, señalaron que «se convocará urgente a todos los formadores de precios» porque «hay malestar en Cambiemos con este sector» empresarial. En el cronograma aparece el proyecto de ley de extinción de dominio para «recuperar lo robado».

Para el miércoles 18, el oficialismo se plantea tratar el paquete seguridad que incluye, además de la extinción de dominio, los proyectos de inclusión de la flagrancia en el Código Procesal Penal federal y de creación de la figura del arrepentido.

Para junio, en tanto, quedará la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que presentó en la Cámara baja el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con la cual pretenden recortar el poder de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Infobae

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