El caso Skanska fue uno de los primeros hechos de corrupción del kirchnerismo. Se trató del pago de sobornso de directivos de la empresa sueca a funcionarios nacionales para la ampliación de dos gasoductos. El expediente tuvo una prueba reveladora: la grabación en la que un directivo de la compañía confesaba las coimas. Pero la Cámara Federal anuló la prueba para ser valorada.
Pero la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir el mes que viene si revoca esa decisión y acepta que la grabación sea incorporada a la causa, informaron a Infobae fuentes judiciales. Si eso ocurre, el caso puede tener un vuelco ya que hoy se encuentra cerrado.
El diario Perfil reveló en noviembre de 2006 que la empresa Skanska emitia, a través de empresas fantasmas, facturas falsas para evadir impuestos y ocultar el pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que dirigía Julio De Vido, para obtener la ampliación de los gasoductos del sur y del norte.
Se iniciaron dos causas judiciales. Una en la justicia federal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, por el caso de corrupción, y otra ante el juez Penal Tributario Javier López Biscayart por evasión tributaria en el uso de facturas falsas por parte de la empresa.
En un allanamiento a la empresa, López Biscayart encontró una grabación en un servidor de la compañía entre el entones gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y y el auditor interno Claudio Corizzo. En esa conversación, Azcárete reconocía que la empresa había pagado sobornos a Enargas y a Nación Fideicomisos
Pero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Eduardo Farah declararon nula la prueba porque señalaron que se realizó sin control judicial y era una autoincriminación de Azcárate y por lo tanto no es válida como prueba.
También revocaron los procesamientos del entonces secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, del interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas) Fulvio Madaro y del titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y de varios directivos de Skanska.
El tribunal se basó en una pericia que concluyó que no se pagaron sobreprecios en las obras de los gasoductos y que por lo tanto no hubo coimas. El fiscal de la Cámara, Germán Moldes, no apeló el fallo. Pero sí lo hizo quien el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido.
La causa entró en una discusión respecto de si la FIA podía continuar el caso cuando el fiscal de la causa no lo hacía. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón en diciembre pasado a la FIA y ordenó que se vuelva a analizar el caso.
Así, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani deberán resolver si confirman o no el uso de la grabación. Para eso citaron a una audiencia que se realizará el próximo jueves con todas las partes del caso.
La ex FIA, actual Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, sostiene que la prueba es válida porque las grabaciones entre particulares no tienen los mismos requisitos que las hechas por el estado. Además, considera que si bien fue una grabación oculta, Azcárate no fue inducido durante la charla a revelar las coimas.
«Si reabren la causa hay que ver cómo impacta porque hoy los sobreseimientos están firmes», le dijo a Infobae una fuente judicial que conoce el expediente.
