Durante casi seis años, la doctora Alejandra Claudia Velázquez ocupó la titularidad del Juzgado de Familia N° 1 en Pilar. Que vuelva a su silla es algo altamente dudoso. Ayer, confirmaron fuentes en el Gobierno bonaerense a Infobae, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en La Plata, presidido por el titular de la Suprema Corte e integrado por legisladores y conjueces suspendió a Velázquez de forma unánime, un apartamiento preventivo comunicado por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados a cargo del doctor Ulises Giménez, un virtual fiscalía que es parte del Senado provincial con potestad para investigar a jueces, fiscales y defensores oficiales del territorio bonaerense. La situación es al menos escandalosa.
El expediente contra la magistrada lleva más de 23 cuerpos. La propia procuradora provincial, María del Carmen Falbo y el Colegio de Abogados de San Isidro, cuya presentación contra la magistrada abarca más de 300 páginas, fueron los denunciantes y acusadores.
Pero Velázquez no solo enfrenta la pérdida de su cargo a manos de un jury provincial; también encara una causa penal instruida por fiscal sanisidrense Claudio Scapolán -Pilar y San Isidro son parte del mismo distrito judicial- a cargo de la UFI distrital dedicada a delitos complejos, quien ya pidió su desafuero para indagarla, un paso procesal elemental en la Provincia en cuanto a la judicialización de magistrados.
«Hay graves causas de mal desempeño; nunca vi tantas irregularidades como en este caso», se enfurece una fuente de jerarquía muy cercana al expediente. A la jueza se la acusa, por ejemplo, por más de 600 expedientes firmados en su juzgado pero en su ausencia, mientras estaba de viaje. También, de faltar al cuidado de los menores cuya guarda estaba a su cargo, de no visitarlos y desatenderlos totalmente. Pero lo más grave de todo apunta a menores precisamente: se habla de profundas irregularidades en cuanto a trámites de adopción, bajo la sospecha de recibir dádivas y regalos a cambio de beneficiar a parejas ricas afincadas en countries de Zona Norte con hijos entregados de forma exprés.
Fue precisamente el pedido de la jueza de una lista de espera de padres con nombres y apellidos a un organismo porteño lo que disparó la investigación de la Corte bonaerense y las denuncias en su contra. Una fuente cercana al proceso afirma: «Se aprecia una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas, también una alteración de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Aparecegente que en muy pocos meses se lleva un bebé. También, el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Se habla de regalos y dinero que llegaba al juzgado, por otra parte».
Hay un detalle escalofriante, una orden emitida por la jueza Velázquez al personal técnico de su juzgado. La versión vino de boca del personal mismo. Vélazquez, afirma una voz en el expediente, «habría ofrecido a trabajadoras sociales del Cuerpo Técnico del Tribunal a su cargo, que visitaran por barrios carenciados de la zona de Pilar a cambio de una retribución económica, para dar con mujeres embarazadas que no pudieran hacer frente a la crianza de sus hijos, ya que numerosos matrimonios acaudalados de los countries de la zona pagarían convenientemente por dicha tarea». Los empleados del Juzgado afirmaron que se negaron a hacerlo.
