La empresa que trasladó al presidente Mauricio Macri a Colombia en septiembre pasado para participar en la firma del acuerdo de paz con las FARC demandó al Estado argentino ante la justicia de Estados Unidos. Afirma que la Casa Rosada pagó sólo una parte de la factura y la excluyó de la puja por la compra del nuevo Tango 01.
Desde la Casa Rosada rechazaron los planteos de la compañía demandante, Engage Aviation, y, por el contrario, acusaron a un intermediario de arrogarse una representación del gigante Airbus con el fin de «estafar» al Estado.
El reclamo de la empresa se radicó en los tribunales del Distrito Medio del estado de Florida, según reveló ayer Página 12, y el Estado tendrá 21 días para contestar desde que la Cancillería sea notificada.
Engage Aviation planteó que sólo accedió a trasladar a Macri hasta Colombia para ofrecerle un vuelo de demostración del avión que pretendía venderle al Gobierno para reemplazar el Tango 01, pero que chocó con un potencial conflicto de intereses.
Así, según Engage Aviation, la Casa Rosada accedió a pagar US$ 250.000 por el vuelo, además de depositar otros US$ 200.000 a modo de garantía y, en el caso de que no comprara la aeronave, otros US$ 313.650 por su eventual retorno a su hangar en Singapur, monto que ahora le reclama al Estado.
En la Casa Rosada, sin embargo, negaron que ése haya sido el acuerdo y acusaron al intermediario argentino, Pablo Salort, de haberse excedido -o incluso haber inventado- una representación del gigante Airbus. En esa línea, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, presentó una queja formal ante Airbus el 3 de noviembre pasado en la que detalló varios problemas que se acumularon antes, durante y después de ese viaje.
La respuesta de Airbus llegó el 9 de enero, cuando su CEO mundial, Fabrice Brégier, le comunicó por escrito a De Andreis que «no hay una relación comercial en el presente, ni previamente, entre Engage Aviation y Airbus», y le informó que la relación entre Airbus y Salort «fue discontinuada dos años antes de los deplorables eventos mencionados en su carta».
Brégier le comunicó además a De Andreis que le encomendó al responsable máximo de Airbus para América latina, Alberto Robles, iniciar una «revisión interna del hecho y las circunstancias» para darle «una explicación más clara de lo ocurrido».
En tanto, LA NACION se comunicó ayer con el CEO de Engage Aviation, Philip Carey, quien desde Florida derivó cualquier comunicación a su abogado, Robert McLain, quien no respondió la consulta de este diario.LA NACION también procuró comunicarse con Salort, quien tampoco respondió los mensajes a su correo electrónico ni en su último número telefónico conocido.
Engage Aviation también deslizó que su aeronave habría sido desplazada del negocio por un conflicto de intereses. Lo centró en Carlos Colunga y su sobrino Carlos Corbas, empleados de Avianca y de la Rosada, respectivamente. En teoría, «asistieron» a una firma competidora, Comlux, para que acercara su oferta al Gobierno, pero US$ 6,1 millones más cara.
Consultados por LA NACION, sólo admitieron que Carlos Colunga aconsejó a la Casa Rosada para que no comprara un Airbus, sino un Boeing.
El CEO de Airbus, Fabrice Brégier, respondió por escrito a Fernando de Andreis que su empresa y la que demanda al Estado, Engage Aviation, no están vinculadas comercialmente.
Hugo Alconada Mon/La Nación
