La senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista-Río Negro) presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal Argentino un capítulo especial sobre Delitos Ambientales «destinado a la protección de la integridad del ambiente y de los recursos naturales». La iniciativa surgió de organizaciones ambientales en una audiencia pública realizada en San Juan, al trasladarse hasta allí la Comisión de Ambiente del Senado para analizar el derrame de cianuro producido en la mina de Veladero.
El texto propuesto para incluir en el Código establece que debe reprimirse hasta con diez años de prisión y con multas elevadas «a quienes contaminen o arrojen contaminantes de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera, los sistemas naturales o el ambiente en general».
Y se «aumentarán las penas considerablemente, cuando se provocare un grave peligro para la salud humana y se generase mortandad de animales o una destrucción significativa de la flora».
El proyecto de Odarda contiene varios agravantes, como cuando esa contaminación «derivare delfuncionamiento clandestino o irregular de una industria o actividad extractiva» y «cuando el daño ambiental denunciado derivase de haberse ocultado información, o aportado información falsa o engañosa, u obstaculizado la actividad fiscalizadora de las autoridades competentes».
Asimismo, se propone «hasta seis años de prisión, y por lo tanto no excarcelables», para el funcionario público que actuare de manera irregular en concesión de licencias o permisos para las actividades contaminantes o hubiere ocultado o tolerado esas tareas».
También prevé penas de hasta diez años de prisión y multas importantes a quien «provocare contaminación sobre los cursos de agua, superficial y subterránea, o sobre el suelo, subsuelo o atmósfera, en ocasión de la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o hidrocarburífera».
Para paliar un problema habitual a la hora de establecer las cadenas de mando dentro de una empresa, el proyecto hace responsables a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de las firmas, pudiendo también el juez exigir las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los bienes naturales afectados al estado en que se encontraban antes de la realización del delito.
