Después de una semana de zozobra institucional y de caos social, y tras la sanción de la polémica Reforma Previsional que le costó a Mauricio Macri muchísimo más de lo que había previsto, el Gobierno avanza por estas horas en el recorte de los cargos políticos, una medida de ajuste casi simbólica que el Presidente ordenó que esté lista para el verano y que se torna más urgente por la aprobación de la mencionada ley y la consecuencia en los haberes jubilatorios.
Según confirmaron altas fuentes oficiales, todos los ministerios nacionales deberían presentar esta semana a la Jefatura de Gabinete el proyecto de reducción de las plantas políticas, un 20% de los cargos que equivalen a unos 700 «ravioles», como se los llama en la jerga, de un total de 3.500 y que le permitirá al Estado ahorrar unos $700 millones anuales. «Para el 1 de enero todos los ministros tienen que haber presentado el nuevo esquema», aseguraron en el primer piso de la Casa Rosada. Fue uno de los temas que se tocó en la reunión que Marcos Peña mantuvo en su oficina en la tarde del jueves con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. «Para el verano tiene que estar resuelto», había sido la orden de hace unos meses de Macri.
El jefe de Estado espera que para los primeros días de febrero, cuando la mayoría de los ministros hayan vuelto de sus vacaciones -algunos ya tienen pasajes para volar al exterior del país, incluso a destinos poco tradicionales en algunos casos-, la puesta en vigencia del nuevo organigrama de los ministerios, como parte de una señal de ahorro de la política en medio del duro ajuste fiscal encarado por el oficialismo y cuya cara más visible fue en los últimos días la reforma jubilatoria.
El achique del Estado propuesto por Cambiemos tuvo en estas últimas semanas roces internos, no solo por la ingrata tarea de borrar puestos por parte de los ministros que ellos mismos habían otorgado sino por algunas ideas que causaron cierto revuelo. Como la decongelar aumentos salariales en las altas esferas para el año entrante, que tuvo su génesis en los despachos de la Jefatura de Gabinete y que, según pudo saber este medio, cayó pésimo en las oficinas del Ministerio de Modernización. La idea aún no fue desechada.
El plan de reestructuración estatal generó además cortocircuitos en la cúpula del poder. Correo Argentino es uno de esos casos. A Ibarra le costó varios meses echar a Jorge Irigoin, el ex titular de la empresa postal del Estado que contaba con un fuerte respaldo de Nicolás Caputo, el más íntimo de los amigos de Macri. El jefe de Modernización tuvo que dar otra muestra de poder cuando recibió el aval del Presidente para reemplazar a Irigoin por Luis Freixas Pinto, un ex Autopistas del Sol del riñón del ministro. Mario Quintana, el voraz vicejefe de Gabinete, quería ese puesto para un hombre de su confianza. La relación de Quintana e Ibarra es cordial solo por cuestiones protocolares. Según documentos oficiales, el correo tiene un déficit de 3.500 millones de pesos.
En paralelo al ajuste en las plantas políticas, el Gobierno impulsa la reducción del empleo estatal en todo el país. La Casa Rosada avanza con el «proyecto de ley de modernización del Estado», que esta semana fue adelantado a funcionarios de todas las provincias. En el Gobierno reconocen que hay varios municipios que al menos congelaron la contratación de personal.
En ese sentido, uno de los ítems en los que en el Ejecutivo quieren profundizar es en el personal contratado, algo más de 71.000 en la administración central. En particular, con las contrataciones a través de universidades, las llamadas «asistencias técnicas», que suman más de 10.000 distribuidos en todos los ministerios, es decir el 10% del total de los contratados.
Cuando asumió, Macri ordenó la baja de 6.200 de esos contratos, que florecieron con más énfasis durante la anterior gestión y que tienen una renovación permanente. «Todavía son muchos, la idea es que no haya ningún contratado bajo esa modalidad», explicaron.
El ahorro que el macrismo pretende obtener con el ajuste del Estado encuentra sin embargo algunas limitaciones, contempladas dentro de las licitaciones o contrataciones directas de las últimas semanas y que son de acceso público. Hay de todo: desde la contratación de un servicio de consultoría por $7,5 millones a la Universidad de La Matanza o la adquisición de «música funcional» por parte de dos importantes ministerios. O la provisión de un servicio por $1,5 millones para medir visitas y concentrar información del sitio web de Casa Rosada, en ese caso por cuenta de la Jefatura de Gabinete.
Hay otros casos que atentan contra la austeridad y el ahorro del empleo público que corren por cuenta del propio Macri. Como el de Gastón Gitard, uno de sus íntimos amigos, de esos que acceden a la intimidad de la quinta «Los Abrojos», que desde el 2008 y hasta al menos mediados de este año fue empleado por el Instituto de Juegos de Apuestas porteño, según los registros oficiales. Gitard devolvió gentilezas: figuró como aportante de las campañas del PRO del 2007 y del 2013.
