El Gobierno de Estados Unidos declaró hoy a las ciudades de Nueva York, Portland y Seattle como «jurisdicciones anarquistas» por considerar que sus autoridades no actuaron frente a las recientes protestas masivas contra el racismo y la brutalidad policial, una decisión que le permitiría suspender parte de los fondos federales que llegan a esos distritos.
En un comunicado conjunto, los tres alcaldes demócratas afectados calificaron a la medida de «inconstitucional» y le respondieron a la Casa Blanca: «El presidente (Donald Trump) juega un juego político barato con los fondos asignados por el Congreso. Nuestras ciudades están uniendo a las comunidades; nuestras ciudades están saliendo adelante tras luchar contra una pandemia y enfrentar la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.»
Nueva York, pero sobre todo Portland, en el estado de Oregon, y Seattle, en el estado de Washington, fueron escenarios de protestas casi diarias durante meses y hasta hace unas semanas contra el racismo policial luego de la muerte o el ataque a afroamericanos por parte de la policía.
Este mes, Trump, quien se puso claramente más del lado de la policía que de las familias de las víctimas, pidió al Departamento de Justicia que identificara jurisdicciones que, en su opinión, no estaban haciendo cumplir la ley.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo hoy que las autoridades de Nueva York y de las occidentales Portland y Seattle se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas y no adoptaron medidas para contrarrestarlas, como el despliegue masivo de la Guardia Nacional, tal como reclamó una y otra vez Trump.
Estos tres Gobiernos municipales «permitieron la persistencia de la violencia y la destrucción de propiedades y se negaron a adoptar medidas razonables para contrarrestar actividades criminales», denunció el Departamento de Justicia, citado por la cadena CNN.
En paralelo, el fiscal general y secretario de Justicia, William Barr, celebró la decisión del Gobierno.
«No podemos permitir que dinero federal de los contribuyentes sea malgastado mientras la seguridad de la ciudadanía no se protege», sostuvo en otro comunicado, en el que además destacó la reducción del presupuesto policial y algunas reformas en materia penal aprobadas en esas tres ciudades en respuesta a los reclamos en las calles.
Antes de publicar la respuesta conjunta con sus dos pares de Portland y Seattle, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazó la decisión de la Casa Blanca y dijo que tal categorización no se corresponde con la realidad que él mismo vio horas antes al pasear por la ciudad.
«Vi paz, tranquilidad, vi gente haciendo cosas, gente entusiasmada de que sea el primer día de clases…vi de todo menos anarquía», declaró en su conferencia de prensa diaria.
«Este es solo otro de los juegos del presidente Trump; es insultante para la gente de Nueva York, y su intención de retener nuestros fondos de financiación es inconstitucional», agregó.
El equipo legal de la ciudad anunció que irá a los tribunales si el Gobierno federal retira fondos que corresponden a Nueva York.
En su decreto del 2 de este mes, Trump dio al director de la Oficina de Manejo y Presupuesto 30 días de plazo para preparar directivas sobre restricciones de fondos para aquellas ciudades que fueran incluidas en la lista del Departamento de Justicia de «jurisdicciones anarquistas».
Esos fondos representan una enorme porción del presupuesto anual de Nueva York.
La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, en tanto, acusó al Gobierno de Trump de estar cometiendo «un erróneo y abiertamente ilegal uso del poder federal».
«Trump, el departamento de Justicia y la obsesión de Barr con Seattle y conmigo es irracional y, lo que es aun más importante, una gran distracción», agregó la dirigente demócrata a solo seis semanas de las elecciones generales, que definirán la reelección del mandatario y ante las que Trump se presenta como el candidato de «la ley y el orden».
Pese al especial escenario electoral, esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a ciudades gobernadas por alcaldes opositores y contestatarios.
En 2017, luego de que el entonces flamante presidente anunciara que suspendería los fondos federales a las ciudades que se declararan o actuaran como santuarios migratorios -es decir que no cooperaran con las fuerzas federales para detener y deportar a miles de inmigrantes sin papeles-, un grupo de ciudades llevaron a la Casa Blanca a los tribunales y, tras años de pelea, le ganaron.
Fuente: telam
