Estas nuevas directivas no afectan de ninguna manera el programa decretado por el gobierno anterior de Barack Obama para proteger a más de 750.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños y desde entonces fueron escolarizados en Estados Unidos.
La prensa los bautizó dreamers (soñadores) y el propio Donald Trump reconoció recientemente que es uno de los temas migratorios más sensibles para él.
Pese a la sensibilidad del nuevo mandatario, el viernes pasado oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron en Seattle a un joven dreamer de 23 años que estaba empleado al amparo del marco del decreto firmado por Obama y que no tenía ningún antecedente criminal. El caso está ahora en la Justicia.
Lo que el gobierno presentó este martes no es un decreto, sino memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que cambian la reglamentación de la Ley de Inmigración, no la ley en si misma.
«El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos», argumentó una de las nuevas directrices firmadas por el secretario John Kelly, citadas por la agencia de noticias EFE.
Las nuevas directrices de su gobierno establecen que los oficiales del ICE deben detener y deportar de inmediato a todos los inmigrantes sin documentos que fueron condenados por algún crimen o que son sospechosos de haberlo cometido.
Bajo la administración de Obama, la orden era concentrarse en aquellos inmigrantes sin documentos que fueron condenados por un crimen importante, por amenazas a la seguridad nacional o que hubiesen cruzado ilegalmente la frontera recientemente.
Ahora, según la nueva directiva de Trump, podrán ser detenidos y deportados aquellos que fueron condenados por hurto o por ofensas de tránsito, como cruzar un semáforo en rojo o estacionar en un lugar prohibido.
Las medidas específicas en la frontera sur
Las nuevas directivas también adelantan que el gobierno comenzará a ejecutar un apartado, hasta ahora ignorado, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a los oficiales del ICE deportar a México a cualquier inmigrante que sea detenido tras cruzar ilegalmente la frontera sur, aun cuando no sean ciudadanos mexicanos.
Esta norma es considerada de dudosa legalidad internacional y sin dudas provocará un reclamo de México, un país que está en pie de guerra con su vecino del norte por la política inmigratoria que impuso Trump desde que asumió hace un mes.
Según uno de los memos del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE ejecutará este apartado cuando considere que el detenido puede volver a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
La contratación de nuevos agentes
Además, las directivas presentadas este martes ordenan la contratación de 15.000 agentes nuevos para controlar las aduanas y las fronteras, especialmente el límite sur con México, ya que como el propio Trump afirmó hace unos días durante la visita oficial del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los cruces con el territorio del norte no preocupan a la Casa Blanca.
De los 15.000 agentes nuevos, el ICE recibirá 10.000 para ampliar las detenciones y deportaciones, y la Oficina de Aduanas y Fronteras los 5.000 restantes.
Télam
