Los médicos que le hicieron una cesárea a la nena de 11 años embarazada tras haber sido violada por la pareja de su abuela fueron denunciados en Tucumán por un grupo de abogados. Los letrados intervinientes pretenden que los profesionales, que atendieron a la chica porque todo el resto del plantel del Hospital Eva Perón se negó, sean condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. La beba que nació producto del procedimiento murió el viernes por complicaciones respiratorias.
Cecilia Ousset, la médica que participó en la cesárea en el Hospital Eva Perón, se declaró objetora de conciencia, pero ayudó a su marido José Gigena en el quirófano porque «no podía dejarlo solo». Ante los medios, describió que, al llegar a la sala: «se encontraron con una nena de cuerpo infantil, para nada desarrollada, con un embarazo de 23 semanas. Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama. Cuando la vi la verdad se me aflojaron las piernas porque era como mi hija».
Los denunciantes son miembros de un grupo que se opone a un derecho vigente por ley en la Argentina desde 1921: la interrupción del embarazo en el caso de víctimas de violación. Con distintas trabas burocráticas, el ejercicio de este derecho se le negó a la nena, que clamaba después de haber intentado quitarse la vida «Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro».
En diálogo con TN, el médico aseguró: «No me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que en realidad son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley».
«El objetivo de todo es generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo», agregó Gigena.
Los abogados y médicos que intentan que se castigue con dureza a los doctores que cumplieron con la ley son María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres Jorge Javier Ramacciott,i Constanza del Carril, Raul Lezana, Angela Lorna Vittini y Ricardo Miguel Auad.
«Ellos teniendo plena conciencia de la ciencia médica, la dejaron al costado y dejaron absolutamente desprotegida a una personita indefensa que no pudo sobrevivir más que 10 días. Entonces ahí ya no hablamos de aborto, estamos hablando de homicidio», fue el argumento de Mockevich en diálogo con TN.
Los funcionarios del área de salud de la provincia la ministra de Salud, Roxana Chalha y el secretario Gustavo Vigliocco fueron acusados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal y otras organizaciones de haber entorpecido con distintas excusas y falsedades el ejercicio del derecho de la víctima de una violación a un aborto legal.
Por su parte, la diputada Teresita Villavicencio presentó una denuncia contra la fiscal Adriana Giannoni. La funcionaria mandó, sin tener competencia en la causa, un oficio pidiendo proteger «la vida desde la concepción” al Sistema de Salud de Tucumán, que acató la solicitud. Lo hizo a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema del 2012 que establece que en casos de embarazo por violación, no es necesaria la intervención de la Justicia en ninguna instancia. Tampoco se necesita haber denunciado el hecho.
