La versión de la venta de una ayudantía judicial por $ 10.000 derivó en el despido de Miriam Josefina Herrera, encargada auxiliar afectada al Gabinete Psicosocial de los Tribunales. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la cesantía el 1 de febrero con los votos de los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán (la quinta integrante, Claudia Sbdar, estaba de licencia). El alto tribunal consideró que Herrera merecía la máxima sanción por la magnitud y la gravedad de la falta que se le atribuía.
La investigación interna comenzó en 2016, en paralelo con una causa abierta en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°6 de esta ciudad. En octubre de 2017, el denunciante Enrique Fernando Roque Aguilar se presentó ante la Secretaría de Superintendencia y declaró que Herrera había ofrecido el puesto a su hija María Ximena Aguilar Loreto a cambio de $ 10.000. El testigo ofreció como prueba capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas entre Aguilar Loreto y la encargada auxiliar, pero la Acordada 7/18 no detalla el modus operandi. En principio, en los Tribunales ordinarios el puesto ofrecido sólo puede ser adquirido a partir de concursos públicos. En la Justicia de Paz, las ayudantías judiciales aún son conferidas en forma discrecional por decisión de los vocales de la Corte Suprema. La Acordada 7/18 no precisa a qué ámbito pertenecía el cargo en cuestión pero sí advierte que, al rechazar la denuncia, Herrera manifestó que ella sabía que había que concursar para acceder a la ayudantía y que así se lo había informado a Aguilar Loreto.
Cinco traslados
Herrera admitió que había conocido al padre y a la hija en “los pasillos de Tribunales”, y que se había acercado a ellos para recomendarles un tratamiento psicológico, motivo por el cual les facilitó su número de celular. “Señaló que con Aguilar Loreto entabló un diálogo muy particular y que fue manejado desde ‘el ámbito emocional…’, debido a su delicada situación familiar”, expresa la Acordada 7/18. La encargada había dicho que, a posteriori, el denunciante la había cuestionado en forma inquisitiva y hasta perseguido.
La Corte consideró que estaba probado que la empleada se había comunicado por WhatsApp con los Aguilar y evaluó que ello resultaba improcedente porque las cuestiones laborales debían ventilarse en el ámbito institucional. También reprochó que Herrera no haya avisado a la Policía que se sentía perseguida.
El alto tribunal añadió que la superiora de la encargada y jefa del Gabinete Psicosocial, María del Rosario Contreras, confirmó que esta salía con frecuencia de su oficina durante más de una hora para encontrarse con desconocidos y que, por ello, a mediados del año pasado le había restringido los permisos. Los vocales dijeron que la jefa anterior, Gabriela Saguir, manifestó que había solicitado el traslado de Herrera por inasistencias reiteradas y por “problemas con algunos expedientes”. Además, advirtieron que la encargada había faltado a la primera citación para prestar declaración indagatoria en el proceso penal. “Más allá de eso, la falta de compromiso laboral de la agente investigada surge del informe de la Dirección de Recursos Humanos. Desde su ingreso al Poder Judicial en 1997 ha prestado servicios en numerosas oficinas.
En 2006 fue trasladada a la Cámara en lo Contencioso Administrativo; en 2007, a la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral N°2; en 2008, a las salas I y II de la Cámara del Trabajo; en 2011, al Casillero de Notificaciones y, finalmente, en 2013, al Gabinete Psicosocial”, expresaron Posse, Goane, Gandur y Estofán. Estos subrayaron que, en ese ínterin, Herrera recibió una sanción de cinco días de suspensión sin prestación de servicios ni percepción de haberes por haber patrocinado a un tercero en oportunidad de realizar un trámite o gestión a su favor, cosa que está expresamente prohibido.
La Gaceta
