La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, concluyó este domingo su mandato al hacerse efectiva la renuncia que había presentado a fines de octubre, ante lo cual el Poder Ejecutivo analiza a los distintos candidatos a sucederla y también busca modificar por ley al Ministerio Público Fiscal en el Congreso.
Tras asumir su cargo en agosto de 2012, la jefa de los fiscales -quien llegará al final de su cargo haciendo uso de una licencia- debió afrontar una dura embestida de parte del Gobierno del presidente Mauricio Macri.
«No tiene autoridad moral para ejercer el cargo de Procuradora; no solo es militante kirchnerista, sino que no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la lucha contra la corrupción porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del Gobierno anterior», supo afirmar el mandatario en una de las tantas críticas que realizó hacia Gils Carbó, incluso desde antes de llegar a la Casa Rosada.
Un hecho clave para que la procuradora general decidiera correrse de su cargo fue el procesamiento dictado en su contra por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa que investiga la presunta comisión del delito de administración fraudulenta por la supuesta compra irregular del edificio de la sede central del organismo.
La resolución del magistrado fue tomada el 12 de octubre pasado y 18 días más tarde, tras la contundente victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, la jefa de los fiscales envió una carta al jefe de Estado para presentarle su dimisión a partir de este domingo: «A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal», justificó Gils Carbó en su misiva.
Al recibir la renuncia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que el Gobierno iba a «trabajar para que haya un profesional reconocido por su trayectoria» en el puesto que actualmente ocupa de manera interina Eduardo Casal, aunque subrayó que uno de los principales aspectos que buscarán es que «no tenga militancia política».
«Hay muchos candidatos. Hay gente muy valiosa y la decisión es del Presidente. En estos cargos que son de designación política lo que hay que hablar es de legitimidad de ejercicio más que de origen. Son decisiones políticas, lo que importa es cómo se ejercen», había manifestado el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En ese sentido, el Gobierno evalúa desde ese momento los perfiles de distintos candidatos, algunos provenientes del ámbito judicial y otros del político.
Algunos de los nombres que figuran en lista son los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca; la líder del GEN, Margarita Stolbizer; y el senador nacional Rodolfo Urtubey.
El peso de la bancada peronista en el Senado, liderada por Miguel Ángel Pichetto, es un dato que el Gobierno tiene en cuenta, ya que es consciente de que el candidato a procurador general debe ser alguien que «reúna consensos políticos», supo reconocer Garavano.
Pero, además de la búsqueda del nombre que pueda hacerse cargo del puesto y logre reunir el aval del poder político, el oficialismo impulsa un proyecto de ley para modificar al Ministerio Público Fiscal, especialmente en lo que se refiere a la duración del cargo de procurador general.
Actualmente, de acuerdo a la Ley 24.946, de 1998, el jefe de los fiscales goza de «estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad» y podrán mantenerse en el cargo por cinco años más si logran un nuevo acuerdo en el Senado, que podrá ser repetido «indefinidamente, mediante el mismo procedimiento».
«La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo», resaltó el ministro de Justicia en noviembre pasado, cuando se presentó ante la Cámara alta para defender la iniciativa.
En ese marco, Garavano planteó que «al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles» para su designación en el Congreso.
Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra frenado por diferencias entre el peronismo y Cambiemos, ya que los cambios que le introdujo la bancada opositora al texto apuntaban a mantener la estructura del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo quiere desmantelar.
Luego de que se cayera la posibilidad de lograr el dictamen de la reforma, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, explicó que las modificaciones introducidas por el PJ en el proyecto «reflotaban la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó».
En una de sus últimas declaraciones públicas, la saliente procuradora general había cuestionado en duros términos el proyecto de reforma por considerar que «privaría al Ministerio Público de autonomía e independencia».
Al respecto, había repasado los principales puntos de ese proyecto y mencionado la «derogación de las procuradurías especializadas», ante lo cual había señalado que «se pretende volver a un Ministerio Público de épocas inquisitivas, donde el procurador general se limita a emitir dictámenes ante la Corte eliminando el rol de política criminal».
Pese al parate que sufrió la iniciativa, el Poder Ejecutivo había incluido su tratamiento en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre y, debido a que no logró su aprobación, volverá a insistir para que el proyecto se convierta en ley en febrero, cuando nuevamente el Congreso sea citado a trabajar antes del período ordinario.
